El Tribunal Supremo estudia este viernes si paraliza de forma cautelar la regularización extraordinaria de inmigrantes puesta en marcha por el Gobierno para dar papeles a alrededor de medio millón de personas, mientras resuelve los recursos planteados por la Comunidad de Madrid y Vox, entre otros.La Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal celebra a partir de las 11:00 horas cinco vistas, una por cada recurrente que ha pedido frenar el proceso: el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, Vox, Hazte Oír, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica y la Asociación Libertad y Justicia.El real decreto para la regularización entró en vigor el pasado 16 de abril con el objetivo de dar permiso de residencia y trabajo a unas 500.000 personas que ya viven en el país; en las primeras dos semanas se registraron unas 200.000 peticiones para adherirse al proceso y el plazo acaba el próximo 30 de junio.El Alto Tribunal ya rechazó el pasado 16 de abril la medida cautelarísima solicitada por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica para frenar la regularización, al no ver acreditado que existiese especial urgencia para hacerlo.Las cinco vistas de este viernes se celebrarán de forma sucesiva y en ellas tanto los recurrentes como la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, defenderán sus posturas.El argumento de la Comunidad de MadridPara la adopción de medidas cautelares, la Comunidad de Madrid alega que la norma "afecta gravemente" a la prestación de servicios públicos sin financiación o medios para auxiliar a las autonomías.Vox cree que el real decreto derivará en el colapso de los servicios públicos, más dificultades en el acceso a la vivienda y más inseguridad en las calles.Y Hazte Oír, por su parte, esgrime entre sus motivos que el proceso constituye un fraude de ley y que su ejecución generaría un daño irreversible que no podría ser reparado con una eventual sentencia favorable en el futuro.La Abogacía del Estado niega riesgo de colapso en los servicios públicosEn la otra cara de la moneda, la Abogacía del Estado, en representación del Gobierno, se opone a la paralización de la medida porque, según defendió en un escrito presentado ante el Supremo relativo al recurso de Hazte Oír, la suspensión del real decreto dañaría "gravemente" el interés general.Dejó claro que la concesión de las autorizaciones de residencia no tendrá impacto en los diversos servicios públicos porque, en la actualidad, las personas destinatarias de dicha medida -quienes estén viviendo en España desde antes del pasado 1 de enero- ya son usuarias de los mismos.Para el Ejecutivo, la regularización permitirá el acceso de los beneficiarios al "pleno ejercicio de los derechos reconocidos por el ordenamiento jurídico", entre ellos al trabajo, lo que no solo contribuirá a su integración, sino que además incrementará las cotizaciones sociales por su incorporación al mercado laboral.