La admisión a trámite por parte del Tribunal Constitucional (TC) del recurso interpuesto por el Gobierno central contra la Ley de Concordia de Extremadura ha evidenciado una brecha en el discurso interno del Ejecutivo autonómico. Tras conocerse la paralización cautelar de varios apartados clave de la norma pactada entre el PP y la extrema derecha, la parte de Vox en la Junta ha optado por el choque frontal contra la alta magistratura, mientras el PP intenta rebajar el impacto del varapalo judicial.
La reacción más virulenta ha sido la del vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, Óscar Fernández Calle. A través de sus redes sociales, el líder de Vox en Extremadura ha cargado duramente contra el tribunal de garantías, al que ha calificado como el Constitucional “de Pedro Sánchez y Conde-Pumpido”.
Fernández Calle ha ido más allá y ha acusado al tribunal de ser “el mismo que anula las condenas a decenas de delincuentes socialistas tras robar 700 millones de euros en Andalucía”. Además, ha avisado de que la Junta no dará un paso atrás: “La ley de Concordia de Extremadura se aprobará las veces que haga falta”.
Las exhumaciones siguen
Frente a la bronca de Vox, el vicepresidente y consejero de Presidencia, Abel Bautista (PP), ha utilizado con un tono institucional para intentar amortiguar las consecuencias de la resolución. Bautista ha subrayado que la decisión del Constitucional “afecta únicamente a determinados preceptos”, por lo que, a su juicio, “el resto de la ley de Concordia continúa en vigor”.
