El auto del Tribunal Supremo que suspende cautelarmente el derecho a voto de los extranjeros nacionalizados mediante la 'ley de nietos' pone el foco en una instrucción dictada por Sofía Puente, hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. Esa orden administrativa amplió el alcance de la ley aprobada en 2022 y ha permitido que miles de extranjeros hayan obtenido la nacionalidad española sin la necesidad de demostrar su condición de exiliados, como dicta el texto original de la norma.La instrucción fue publicada en el BOE el 26 de octubre de 2022, solo cinco días después de que entrara en vigor la 'ley de nietos', y fue emitida y aprobada por la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, órgano integrado en el Ministerio de Justicia, que dirigía entonces Sofía Puente.En uno de sus apartados, dice que "se presumirá la condición de exiliado respecto de todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955", mientras que "si la salida de España se produjo entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978 deberá acreditarse la condición de exiliado".Es decir, la instrucción elimina la obligación de acreditar la condición de exiliado y otorga ese estatus de forma casi automática a todos los españoles que emigraron durante dos décadas, entre 1936 y 1955, aunque su marcha de España fuera motivada por causas económicas, como ocurrió en muchos casos, u otras razones de cualquier índole.Esa "reinterpretación" de la norma, como denuncia la oposición, ha disparado el número de potenciales nacionalizados mediante la 'ley de nietos' hasta los cerca de 2,5 millones de expedientes, cinco veces más que las previsiones iniciales del Gobierno, que estimaba en torno a medio millón de nacionalizados.Solo se paraliza el voto de aquellos que se beneficiaron de la orden de Sofía PuenteEl auto del Supremo deja claro que solo suspende los derechos electorales de aquellos nacionalizados que no hayan demostrado su condición de descendientes de exiliados y hayan obtenido la nacionalidad gracias a la instrucción de la hermana de Óscar Puente. "No regirá la suspensión para las personas con respecto a las cuales los encargados de los registros consulares expidan certificación acreditativa de su condición de nacidos fuera de España, de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que hubieran sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación de identidad sexual, sin haber aplicado la presunción establecida en la Directriz Séptima, IV.3.5.d) de la Instrucción de 25 de octubre de 2022" de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública.Del mismo modo, el auto del Supremo ordena a los registros consulares desglosar los expedientes de nacionalización entre aquellos "que procedan de la directa aplicación de los supuestos de exilio previstos" en la Ley de Memoria Democrática y aquellos "iniciados y aprobados al amparo de la interpretación realizada por la Instrucción" dictada por Sofía Puente.Según datos del INE, el censo de residentes en el extranjero (CERA) se eleva actualmente a 2.747.688 de personas, lo que significa que ha aumentado en más de un 22% desde la aprobación de la 'ley de nietos' en 2022, cuando el censo era de 2.285.000 personas. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio de Exteriores, relativos al 31 de mayo, de los casi 2,5 millones de solicitudes recibidas para tramitar la nacionalidad en virtud de la 'ley de nietos', ya se han aprobado 571.761, mientras que 333.696 nuevos nacionalizados ya están inscritos en las oficinas consulares. De momento, el Gobierno no ha facilitado datos de cuántos de esos nacionalizados mediante la ley de nietos han justificado debidamente su condición de descendientes de exiliados, como exige ahora el Tribunal Supremo.El efecto de la 'ley de nietos' ya se ha notado en las últimas elecciones autonómicasEl peso de la 'ley de nietos' en el voto exterior ya se ha dejado notar en las cuatro elecciones autonómicas celebradas en el último año, en Andalucía, Castilla y León, Aragón y Extremadura, ya que en esas comunidades hubo incrementos en el censo CERA de entre el 12% y el 14%.Eso se tradujo en un notable aumento de las papeletas remitidas desde el extranjero: en Castilla y León se recibieron hasta un 247% más, pasando de los 3.081 votos recibidos en 2023 a los 10.700 contabilizados en las autonómicas del pasado mes de marzo. En Andalucía, el incremento también se disparó hasta un 183%, pasando de 7.602 a 21.583 sufragios. Los aumentos fueron mucho más suaves en Aragón (15,5%) y Extremadura (5,4%), pero también en línea ascendente.Curiosamente, en las cuatro comunidades la victoria en el voto exterior fue claramente para el PSOE, a pesar de que el PP fue el ganador de las elecciones en todas ellas. De ahí, quizás, que desde las filas socialistas hayan criticado al Supremo por suspender cautelarmente el derecho a voto de los nuevos nacionalizados mediante la 'ley de nietos', mientras que los populares han celebrado la medida.