El año judicial arranca de nuevo bajo un clima de máxima tensión entre el Gobierno y una parte de los jueces. La decisión del Tribunal Supremo de frenar el derecho al voto de los descendientes de españoles represaliados del franquismo abre un nuevo frente al Ejecutivo en un momento especialmente sensible: la víspera del acto de arranque del curso en los tribunales que preside cada año el rey Felipe VI ante un despliegue de togas y autoridades.
El veredicto de los jueces tendrá posiblemente unos efectos electorales limitados, dado que el porcentaje de nacionales españoles residentes en el extranjero que votan en las elecciones generales habitualmente apenas supera el 7% del total. Pero da vuelo y argumentos jurídicos a las teorías conspirativas de la derecha y la extrema derecha sobre un supuesto plan del Gobierno para alterar los resultados de las urnas al engordar el censo a través de la ley que ha otorgado de momento la nacionalidad a 306.000 descendientes. Y, sobre todo, suma un nuevo episodio al capítulo de choques entre el Gobierno y el Poder Judicial apenas días después del encontronazo por el famoso informe policial sobre Ceuta.
En una breve intervención ante los medios en el Senado, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, admitió este martes que en el Ejecutivo “no comparten” la decisión y reclamó al Supremo que dé “prioridad” a este asunto y resuelva sobre el fondo antes del próximo ciclo electoral. El tribunal adelantó este martes el fallo, todavía no se conocen los argumentos de los magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo para paralizar de forma cautelar la inscripción en el censo electoral de los nacionalizados por la ley de nietos salvo que acrediten que son descendientes de exiliados. Está previsto que los autos que sustentan esta decisión se notifiquen en los próximos días.
