Opinión
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Hagamos la diferenciaEs urgente aprobar una ley de aguas, pero sobre todo una política nacional de seguridad hídrica.
Somos un país con abundantes lluvias durante buena parte del año, numerosos ríos, lagos y zonas de recarga hídrica, pero cada vez enfrentamos mayor escasez de agua para consumo humano y producción de alimentos. El problema no es solamente cuánto llueve. El verdadero problema es cómo administramos el agua.
Nuestra Constitución establece que todas las aguas son bienes de dominio público y ordena que una ley regule su aprovechamiento, uso y goce. Sin embargo, Guatemala continúa sin una ley general de aguas que establezca reglas claras para administrar integralmente este recurso estratégico. El resultado es una gestión fragmentada, responsabilidades dispersas y limitada capacidad para proteger fuentes, controlar la contaminación, regular extracciones y planificar el uso del agua. A esto se suma el cambio climático. El fenómeno de El Niño puede provocar períodos más prolongados de sequía, reducir caudales y afectar la producción agrícola. Mientras tanto, durante la época lluviosa, buena parte del agua escurre rápidamente hacia los ríos y finalmente al mar, mientras comunidades y productores enfrentan escasez meses después.
