Escenario de VidaHe detectado que las principales inquietudes son el sustento técnico y científico, y en especial, la certeza jurídica.
Guatemala tiene ante sí una oportunidad que durante décadas ha sido postergada: contar finalmente con una ley de aguas. No se trata de una legislación más. Me satisface que la iniciativa 6816, promovida por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), ya esté en el Congreso de la República. Su discusión es, por ello, de enorme importancia.
La ministra de Ambiente (saliente) en varias entrevistas publicadas, ha explicado que la propuesta busca ordenar la gestión del recurso y que no pretende privatizar el agua, sino garantizarla como un bien común. Ha señalado que el agua destinada al consumo humano de las familias en sus hogares no estaría sujeta a permisos, licencias ni cobros por su utilización, mientras que determinados aprovechamientos productivos y comerciales sí serían regulados. Lo loable es que la ley garantiza la participación de los pueblos indígenas y falta ver cómo. Sin embargo, me asalta la duda de si los condominios que han hecho sus pozos y gastado en ello serán tratados como empresas y se les cobrará licencias también.Tener agua no significa necesariamente tener acceso a ella. Hay comunidades sin abastecimiento suficiente, fuentes contaminadas y mantos freáticos sometidos a una explotación que requiere mayor orden. A esto se suman el crecimiento urbano, las necesidades de la agricultura y el cambio climático.
