Fernando García (Madrigueras, Albacete) comenzó en 2021 a preparar unas oposiciones de auxiliar de informática para la Administración General del Estado (AGE). En junio de 2024 llegó la buena noticia: había logrado aprobar y obtener una plaza en Madrid. Sin embargo, cuando comenzó a buscar piso, empezaron los problemas. Tenía que desplazarse a la zona de Pozuelo de Alarcón, en la Comunidad de Madrid, y la vivienda en alquiler que consiguió costaba más de 800 euros al mes. Pudo aguantar un año, pero su sueldo de unos 1.400 euros no le daba para llegar a fin de mes, ya que también tiene dos hijos que se quedaron en Albacete junto a su mujer. “Era inviable mantener una familia y pagar tanto por un piso, hacía cuentas y a fin de mes perdía dinero por trabajar”, relata. García buscó fórmulas para quedarse en la capital, como compartir casa con familiares, pero finalmente a sus 46 años decidió abandonar esta comunidad autónoma por no poder afrontar el pago de una casa, renunciar a su plaza y volver a Albacete.Su historia no es un caso aislado, sino una realidad que afecta a un número importante de trabajadores públicos. Una encuesta elaborada este verano por la academia de preparación de funcionarios Supera Oposiciones señala que casi uno de cada tres (el 31,5%) ha tenido que renunciar a una plaza o a un ascenso por el elevado precio de las casas en su destino asignado. Sin poner porcentajes, todos los expertos consultados reconocen y denuncian que es una realidad presente en el día a día de muchos servidores públicos.Javier Jordán, presidente del sector nacional de justicia del sindicato de funcionarios CSIF, destaca que el problema “afecta a la mayoría de los destinos, pero especialmente a las zonas más tensionadas” y lamenta la “gravedad” de la situación en Baleares. El delegado del Gobierno en esta comunidad autónoma, Alfonso Rodríguez, reconoció en declaraciones a la prensa en mayo que “el elevado precio de la vivienda expulsa a los funcionarios de Baleares”. Allí, el precio del metro cuadrado es el más caro de toda España (3.782 euros) según los datos más recientes publicados por Tinsa, la mayor tasadora de casas del país.Pero el problema ya va mucho más allá. Siguiendo con los datos de Tinsa, las casas en España se encarecieron un 15,2% en el segundo trimestre del año con respecto al mismo periodo del ejercicio anterior. Es el mayor crecimiento en dos décadas. Y Jordán asegura que en la organización se reciben cada vez “más quejas debido a que los salarios que se pagan no permiten afrontar el coste de los pisos” en las grandes capitales de provincia. Para resolver esta situación, desde el ministerio de Transformación Digital y Función Pública recuerdan que a principios de verano el Consejo de Ministros “elevó las indemnizaciones por residencia para los funcionarios en Baleares tras alcanzar un acuerdo con los sindicatos”. Según los cálculos del Gobierno, que adoptó esta decisión el 7 de julio, el coste será de 16,3 millones de euros y beneficiará a más de 11.000 trabajadores públicos de la AGE en esa comunidad autónoma.Pero los sindicatos creen que el problema va más allá de Baleares. Comisiones Obreras (CC OO) pone el foco sobre el alto porcentaje de vacantes en la Administración General del Estado. Un 30% de las personas que aprueban una oposición estatal no toman posesión de su plaza. En el sindicato no dudan en relacionar ese dato con la crisis de acceso a la vivienda. Montserrat Gómez, secretaria general del sector de la Administración General del Estado de CC OO, asegura que “hay más casos [que antes] de personas que aprueban una oposición pero que deciden pensarlo dos veces y renunciar a esa plaza por no poder afrontar el pago de una casa”.Los resultados de la encuesta de Supera Oposiciones señalaban también que el 43,5% de los funcionarios condicionan su promoción a un incremento salarial o a un incentivo específico que compense directamente el coste de los pisos en el lugar de destino. Jesús Polvorinos, que lleva casi dos décadas preparando oposiciones en esta academia y ahora es su director, recuerda que antes una de las primeras preguntas que hacían las personas que pensaban opositar era cuánto iban a cobrar o cuántas plazas había para cada puesto. Sin embargo, en los últimos años ha notado un cambio. “Otra pregunta que ahora aparece muy pronto es qué destinos se pueden asignar, ya que cada vez están más preocupados por el coste de la vida, especialmente de la vivienda”, afirma. Casi uno de cada cuatro participantes (el 23,8%) en el estudio de la academia asegura que esta variable condiciona “totalmente” cualquier decisión de traslado.Dificultades para atraer talentoLas dificultades de muchos funcionarios o aspirantes a serlo pueden acabar suponiendo una complicación importante para que la Administración cubra los puestos que necesita. Así lo señala Verónica Carballo, coordinadora de servicios públicos del sindicato UGT, quien denuncia que “al dispararse tanto los precios de las casas, quienes se plantean opositar se lo piensan más por si no les sale a cuenta ir a una gran ciudad”. Por comunidades, Madrid y Baleares se perfilan como las dos donde ahora mismo resulta más complicado encontrar un alquiler, con precios en ambas por encima de los 19 euros por metro cuadrado, según la oferta publicada en el portal Fotocasa. En Cataluña se superan los 17 euros. Esos importes equivalen a una renta de entre 1.900 y 1.700 euros mensuales por un piso de 100 metros.En ese contexto, muchos funcionarios se plantean, según la academia de oposiciones, pedir un traslado a su lugar de origen o a destinos menos masificados. Pero eso no necesariamente casa con las necesidades de las Administraciones. Jordán, de CSIF, advierte de que el número creciente de vacantes puede generar “dificultades para prestar servicios públicos”. En el capítulo de soluciones, la representante de CC OO reclama una mejora de las condiciones salariales. Eso implica a su juicio que, en el caso de la AGE, “los sueldos no sean inferiores a los 1.500 euros netos al mes”. En UGT apuntan a la necesidad de reforzar “la acción social”, el conjunto de ayudas económicas y beneficios complementarios que las Administraciones públicas ofrecen a su personal. Por ejemplo, con ayudas específicas al pago de la vivienda. Polvorinos coincide con ambas reivindicaciones y propone además una descentralización territorial que incremente el número de plazas allí donde los pisos no sean tan costosos.García, que finalmente logró una plaza como auxiliar informático en Albacete, dice que nunca se ha arrepentido de la decisión que tomó. Alega que renunciando al puesto en la capital ganó calidad de vida. “El año que estuve en Madrid, no me pude pagar unas vacaciones, no me las podía permitir”, relata. En su entorno, escucha a más trabajadores que quieren salir de las grandes ciudades porque “la vivienda está imposible”. Y sentencia: “Cada vez va a ser más insoportable para los funcionarios vivir en las zonas más tensionadas, las Administraciones públicas deben resolverlo”.