Lo ocurrido en Ceuta no puede explicarse únicamente como un “estallido de indignación ciudadana” ante una situación que se ha vuelto insostenible tras la llegada, desde finales de julio, de miles de personas migrantes y ante una gestión del Gobierno de Pedro Sánchez que no está funcionando. Los gravísimos incidentes de estos últimos días deberían hacernos mirar más allá, porque las manifestaciones y concentraciones contra la presencia de personas migrantes, los llamamientos a su expulsión, los señalamientos, las amenazas, las persecuciones y las agresiones ni se explican solo por el malestar acumulado ni han aparecido de manera espontánea.
Cuando la violencia alcanza ya a quienes prestan ayuda, es decir, a organizaciones como Cruz Roja y otras, quizá es momento de empezar a tomar posición. Cuando estas ONG denuncian amenazas e intimidaciones, y algunas han tenido que retirarse por seguridad, la pregunta es: ¿qué está ocurriendo para que haya quienes consideren legítimo perseguir por las calles a otras personas por ser migrantes, quemar sus pertenencias y atacar los lugares donde se refugian y hostigar a quienes les ayudan?
