El enfrentamiento político no puede frustrar una normativa sobre los grupos de interés a la que España llega tarde
Con demasiado retraso, España regula desde este jueves la relación de los lobbies con la Administración estatal, al entrar en vigor el real decreto ley que el Gobierno aprobó el martes. El Congreso tiene 30 días para convalidarlo, y resultaría difícilmente explicable que la acritud de la política nacional frustre una medida anticorrupción esencial que Bruselas o el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) le han reclamado infructuosamente a España varias veces. No invita al optimismo que el Ejecutivo haya recurrido de nuevo a la fórmula del real decreto ley. En el Congreso, los grupos son incapaces de debatir siquiera un proyecto de ley en este sentido presentado hace año y medio. En la anterior legislatura fracasaron otros dos intentos. Esta es una ocasión para demostrar que los partidos políticos españoles se toman en serio la lucha contra la corrupción.
El decreto establece una serie de disposiciones imprescindibles desde hace décadas: crear un registro estatal público y obligatorio de grupos de interés, establecer su definición o sus principios de conducta. Detalla qué es la actividad de influencia y quiénes son susceptibles de recibirla, en particular los altos cargos, los asesores y empleados de los gabinetes de los miembros del Gobierno, o el personal directivo público. Todos ellos tendrán un mes para notificar sus reuniones y contactos con lobbies. Los ministerios deberán hacer constar los contactos con los grupos de interés que quieran influir en la elaboración de proyectos legales y sus aportaciones, lo que se conoce como “huella normativa”. Y se detalla un régimen sancionador que puede llegar a la cancelación de un lobby en el registro.
