La regulación del lobbie que plantea el Gobierno cumple con la mayoría de las exigencias que plantean los expertos: dejar por escrito el registro de las reuniones de los grupos de interés con los trabajadores públicos, publicar la documentación que se intercambie en esas relaciones, que el registro de grupos de interés se actualice a menudo y que haya sanciones para quien se salte la regulación. Sin embargo, el texto que ha redactado el Ejecutivo tiene letra pequeña y la tiene en un campo especialmente sensible: el rastro que tiene que dejar los ex altos cargos públicos que tengan relación con los lobbies. No en vano, hay que tener en cuenta que el Gobierno ha acelerado la creación de esta regulación en buena medida tras el caso Plus Ultra, que vincula al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que abrió un debate sobre el límite entre el lobbie y la corrupción.PublicidadPor una parte, como adelantó la agencia Europa Press, hay una disposición en el decreto que concreta que los ex altos cargos no podrán trabajar para lobbies antes de que pasen dos años desde su cese. Pero, una vez pasados esos dos años, ¿podrán los ciudadanos tener información acerca de la influencia de esos ex altos cargos? Sí, pero no del todo. Al menos, si se aprueba el decreto en los términos exactos del texto que ha emanado del Consejo de Ministros esta semana. ¿Por qué?Por una parte, el apartado C del artículo 8 del decreto, al que ha tenido acceso Público, especifica que los grupos de interés deberán "comunicar semestralmente al Consejo de Transparencia y Buen Gobierno la relación de personas del grupo con experiencia pública previa que hayan desarrollado actividades de influencia". Se desprende, por lo tanto, que, en esos informes semestrales, tienen que constar todas las personas que hayan tenido cargos públicos y que forman parte del lobbie en cuestión. Por poner un caso práctico, si un exministro trabaja en un grupo de interés del sector —por ejemplo— energético, ese lobbie tiene que informar de ello semestralmente. Es importante prestar atención al detalle: este punto se refiere a "personas del grupo", es decir, que formen parte del mismo. Así lo corroboran fuentes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.Pero hay otro apartado —el A, también del artículo 8— en el que no se habla de "personas del grupo", sino de "aquellas personas que colaboran directa o indirectamente" con él. Lo que dice el texto es que los lobbies estarán obligados a "publicar y mantener actualizado, en su sitio web corporativo, un listado nominativo" de sus colaboradores que, "en los últimos cinco años, hayan desempeñado puestos como personal alto cargo, personal directivo público o restante personal empleado público en la Administración General del Estado o en cualquier organismo o entidad del sector público institucional".Tal y como confirman a este medio también fuentes ministeriales, los lobbies no tendrán que hacer constar su colaboración con aquellos ex altos cargos que hayan dejado su puesto hace más de cinco años. Sí de todos aquellos que se encuentren en los cinco años posteriores de su cese. En ese caso, los grupos de interés tendrán que "indicar el nombre completo de la persona, el cargo o puesto desempeñado, el departamento, organismo o entidad en el que se ejerció, y las fechas de toma de posesión y de cese en el mismo". Quedarían fuera, por lo tanto, todos los ex presidentes del Gobierno siempre y cuando no formen parte per se de un grupo de interés, habida cuenta de que todos ellos dejaron de trabajar como cargos públicos hace más de cinco años.PublicidadMás allá de los ex altos cargosPero más allá de la influencia de los ex altos cargos en los lobbies, el decreto cumple con buena parte de las reivindicaciones de los expertos en Transparencia. Por ejemplo, el Registro de grupos de interés que ha diseñado el Gobierno se deberá actualizar muy a menudo, permitiendo a los ciudadanos conocer prácticamente a tiempo real cuál es la actividad de esos lobbies, que tienen como principal tarea influir en las actividades legislativas y ejecutivas. "La información deberá actualizarse, al menos, cada quince días hábiles, garantizando que refleje de manera precisa la actividad reciente de los grupos de interés". Se podrá consultar online.Muy relevante también es la huella normativa —legislativa, en caso de que la influencia tenga como objetivo la modificación de leyes— que dejará a su paso la presión de los lobbies. Los informes serán exhaustivos: "Se hará constar cada una de las modificaciones que ha experimentado la norma como consecuencia de la influencia ejercida por cada grupo de interés. Con tal finalidad se hará constar la identidad del personal y/o cargo público susceptible de influencia que haya mantenido contacto con dichos grupos, así como el conjunto de aportaciones y observaciones formuladas por ellos".El decreto, además, contempla sanciones para el personal público o el lobbie que se salte alguna de las obligaciones que establece el texto, siempre y cuando sea aprobado, finalmente, en estos términos. Las más graves pueden comportar la "prohibición de solicitar la inscripción en el Registro de grupos de interés o la cancelación de la inscripción en el registro" —en la práctica, la prohibición de ejercer la tarea de lobbie de forma legal— y multas de hasta 40.000 euros.PublicidadA las puertas de la negociación parlamentariaEn cualquier caso, el decreto que sacó adelante el Gobierno este martes tendrá que ser convalidado por el Congreso. Este tipo de iniciativas tienen que ser ratificadas antes de que transcurra un mes y, por lo tanto, la votación definitiva deberá producirse a principios de octubre, cuando dé comienzo el calendario de sesiones. Hasta ese momento, los grupos parlamentarios tendrán tiempo para negociar con la cartera que dirige Óscar López los cambios que consideren oportunos, aunque fuentes del ministerio explican a Público que el texto actual ya incorpora "23 enmiendas propuestas por el PP, Sumar, PNV, ERC, Bildu y Junts".Por el momento, fuerzas políticas como Podemos, el PNV o EH Bildu explican a este medio que están estudiando el texto precisamente para comprobar si esas enmiendas de las que habla el equipo de López están debidamente incluidas y si el resto del decreto les parece razonable. Desde Sumar, por ejemplo, apuntan que un posible punto de desencuentro tiene que ver con el tratamiento que reciban los sindicatos y las ONG. Es cierto que ninguno de los dos figura entre las excepciones que aparecen en el decreto, un apartado en el que sí se citan los partidos políticos. No así las fundaciones que emanan de ellos.Con todo y con eso, en el Ministerio de Transformación Digital y Función Pública confían en que su iniciativa salga adelante. "Tiene un altísimo consenso político, puesto que se ha tenido en cuenta todo el trabajo previo realizado en la Comisión de Hacienda y Función Pública del Congreso durante más de un año". No hay que olvidar que ya se estaba tramitando, en la Cámara Baja, una ley sobre los grupos de interés. "El Gobierno", completan las mismas fuentes, "cumple, con este decreto, con su compromiso con la transparencia, la regeneración institucional y la calidad democrática", que considera las "tres piezas indispensables en el puzle de la confianza ciudadana".