Los trabajadores del sector sanitario de Castilla y León están recibiendo un documento de la consejería de Sanidad (Sacyl) instando a firmar un “compromiso de confidencialidad y deber de secreto”, más allá de los códigos profesionales y juramentos hipocráticos que ya rigen su trabajo. Según la carta que han recibido los sanitarios, el acuerdo afecta a la información de uso interno, que describen como la disponible para los empleados públicos, pero que no está clasificada, es decir, que no es confidencial, pero señalan que no se podrá divulgar para evitar lo que denominan “un impacto moderado al ciudadano o a la gerencia de salud”. Los sindicatos y los profesionales denuncian esta “presión” y “control hasta el extremo” e insisten en que tienen “muy claro el nivel de confidencialidad y sigilo” en el ejercicio de su labor. Asimismo, ven posible que “pasarse de rosca” genere la reacción adversa y propicie más filtraciones.EL PAÍS ha accedido a una copia de ese documento oficial dirigido a las “personas empleadas públicas de la gerencia regional de salud, que debe ser firmado dando cumplimiento a la normativa vigente en materia de protección de datos y seguridad de la información”. La gerencia divide los tipos de información en tres: la pública, que, según explican, no genera impacto y está disponible; la confidencial, referida a datos personales y a expedientes administrativos; y la de uso interno. Es en esta última donde late el conflicto, pues los representantes sanitarios consultados reiteran que ya saben que lo público es público y que los datos confidenciales nunca pueden difundirse, conforme exigen su compromiso profesional y sus códigos deontológicos. Esa información de uso interno que podría provocar un “impacto moderado” pese a no estar “clasificada” y sí disponible para los empleados, creen fuentes del sector, busca incrementar el control sobre las quejas, críticas o carencias que puedan trascender acerca del funcionamiento del Sacyl y sus recursos materiales o humanos o listas de espera. Además, reprueban que se intente restringir la “libertad de expresión”.Mercedes Gago, secretaria general autonómica del sindicato de enfermería Satse, rechaza la nueva solicitud. “Es como la ley de Protección de Datos, obliga a cuidar los datos de los trabajadores y pacientes; además, ya tenemos un código y un juramento. Es redundar”, considera, y hace una comparación: “¿Cuando tus padres te intentan controlar hasta el extremo, qué consiguen? Que te buscas la vida por otro lado. Quieren apretar, pero no lo van a conseguir”. Gago asegura que el 99,99% de la profesión jamás contará cuestiones privadas y anima a “tomar medidas” sobre quien se exceda, pero cree que hay otras cosas “que acaban saliendo porque todos lo sabemos”, como cuando en Zamora se cayó un cascote del techo del hospital porque había una tubería estropeada. La sindicalista cree que “se están pasando de rosca” y vaticina que tanta presión genere un efecto contrario. “Los profesionales sanitarios tenemos muy claro el nivel de confidencialidad y sigilo”, remacha.El Sacyl, consultado por EL PAÍS, insiste en la “ciberseguridad” como eje de sus motivaciones y señala a la normativa estatal al respecto, si bien en la citada cláusula de “información de uso interno” no alude a información virtual ni confidencial o restringida, sino “no clasificada” y “de acceso permitido a toda persona empleada de la gerencia” a quien le corresponda, o sea, ni restringida ni inaccesible. Asimismo, añaden que “el juramento hipocrático es de carácter ético/simbólico, no tiene validez legal o normativa alguna y afecta solo a los médicos, cuando el documento de confidencialidad lo firman todos los trabajadores” y destacan que “este documento no tiene nada que ver con la libertad de expresión de los profesionales”. El último punto del archivo, encima del espacio para la firma, recoge que “la negativa a firmar el compromiso tendrá como consecuencia la restricción de acceso a información”.