El 29 de julio pasado, la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias y el Sindicato Médico Andaluz (SMA) firmaron un acuerdo de ámbito autonómico, con la supuesta intención de conseguir "la mejora de las condiciones profesionales del personal médico y facultativo del Sistema Sanitario Público de Andalucía" (SSPA) durante la próxima legislatura.PublicidadAntes de analizar aspectos de su contenido, se ponen de manifiesto dos perversiones muy graves que subyacen en el mundo sanitario de nuestro país actualmente. En primer lugar, el hecho de haberse producido ese acuerdo anula y destapa lo esencial del reciente conflicto (con huelga) que han mantenido parte de los médicos. Las posiciones de las organizaciones convocantes de ese conflicto son, en cierta manera, engañosas. Las competencias sanitarias están transferidas a las Comunidades Autónomas (CCAA) desde hace décadas y competencia es también responsabilidad. Las plantillas de los centros sanitarios, la organización de la jornada laboral, las convocatorias de concursos de plazas y las remuneraciones de los profesionales son competencias de las CCAA, no del Ministerio de Sanidad. Las reivindicaciones y exigencias sobre estos conceptos deben dirigirse a las respectivas Consejerías de Salud de cada Comunidad si se pretende ser coherente y riguroso. Parece como si este conflicto pretendiera desestabilizar al Gobierno Central y parte de los médicos han sido utilizados para ello. Cuando el SMA pacta ahora con la Consejería de Sanidad algunas de las reivindicaciones claves del conflicto y acuerda poner fin a la huelga en Andalucía, demuestra lo equivocado del conflicto nacional en muchos de sus planteamientos.Por otro lado, ese pacto es una demostración más de que las organizaciones firmantes y sus protagonistas pretenden apoderarse de algo que no les pertenece en absoluto. El Sistema Sanitario Público andaluz es propiedad de los ciudadanos que lo financiamos. Y tiene que gestionarse para resolver, cuanto antes, los graves problemas sanitarios que tiene la sociedad andaluza actual. Pero esas necesidades sanitarias de la población parecen no tenerse en cuenta para nada en ese acuerdo.Veamos. Múltiples datos revelan que en los últimos años se ha instaurado un deterioro creciente del Sistema Sanitario Público andaluz con financiación insuficiente y mal empleada y una Atención Primaria (la columna vertebral del sistema) devastada, con su función preventiva perdida. En el informe de la Federación de Asociaciones para la defensa de la Sanidad Pública (FADSP) de 2024, Andalucía ocupaba el penúltimo lugar de todas las CCAA en cuanto a la calidad de sus servicios sanitarios. En el último barómetro sanitario (2025) el porcentaje de ciudadanos andaluces que opinan que su sistema sanitario funciona bien o muy bien es el más bajo del país y, por el contrario, los que opinan que funciona mal o muy mal es el más alto de todas las CCAA. Actualmente las listas de espera sanitarias en Andalucía son las peores del país, situándose en un nivel escandaloso con repercusiones muy graves en la salud de la población.Y las consecuencias de ese deterioro no se han hecho esperar. Hoy la mortalidad ajustada por edad en Andalucía es la mayor del país, tanto en hombres como en mujeres. En octubre pasado surge el escándalo en el programa de cribado de cáncer de mama, pero ello no fue un hecho aislado, sino la expresión de una estructura calamitosa que sin duda, tiene responsables. En lo que va de siglo, los fallecimientos por cáncer de mama han ido disminuyendo a lo largo de los años en todo el país, pero en Andalucía en ese periodo, la tasa de mortalidad se ha ido manteniendo superior al resto de España. La mortalidad por cáncer de mama a lo largo de los años en cada provincia española se conoce. Y para 2023, cinco provincias andaluzas se situaban entre las diez primeras del país. En la misma fecha y documentado en la misma fuente, si miramos las tasas de cáncer de colon en hombres puede comprobarse que entre las diez provincias con tasas más altas, seis son andaluzas.PublicidadRecientemente se han conocido los resultados de investigaciones muy rigurosas que han analizado y profundizado en estos aspectos. Se ha demostrado que durante el sexenio de 2019 (año del inicio de los gobiernos del Partido Popular (PP) en Andalucía) a 2024 ha habido una sobremortalidad por cáncer de 3.701 personas en esta Comunidad en comparación con el sexenio anterior. De igual manera se ha demostrado que durante el sexenio 2019-2024 ha habido en Andalucía un exceso de mortalidad por Diabetes Mellitus de 1.641 personas en comparación con los seis años anteriores.Estos hechos son escalofriantes y también una demostración de que la gestión sanitaria que ha hecho el PP en Andalucía es un estrepitoso fracaso y sus consecuencias perjudican gravemente a los ciudadanos.Sigamos analizando los hechos. La tasa de médicos en Atención Especializada por 1000/hab. en Andalucía era en 2024 prácticamente la misma que en el año 2010 cuando en el conjunto del Estado y en el mismo periodo aumentó en un 22 %. En 2023, la tasa de médicos del Sistema Sanitario Público por habitante es en Andalucía la más baja de todas las CCAA y a mucha distancia de cada una de las demás. De forma paralela ese indicador en Andalucía es el más bajo de todas las CCAA en muchas especialidades (Aparato Digestivo, Cardiología, Neumología, Endocrinología, Neurología, Cirugía general y digestiva, Traumatología, Dermatología, Ginecología, Urología). El número de enfermeras de Atención Especializada por 1.000 habitantes en 2024 era el más bajo de todas las CCAA del país. Ocurre que una gran parte de los trabajadores sanitarios en España son interinos, pero las condiciones laborales de los mismos en Andalucía son peores que en otras CCAA lo que propicia la fuga de profesionales a otras CCAA, al extranjero o a la asistencia médica privada.PublicidadEntendemos que explicar este contexto era imprescindible para describir ese acuerdo del SMA con la Consejería de Sanidad y las aberraciones que contiene. Pero dado que esta es la situación y estos son los hechos, todos los actores intervinientes en la Sanidad Pública andaluza de alguna u otra forma, tienen ineludiblemente que dirigir sus acciones a cambiar esta realidad, de forma contundente. Sin duda, es la Administración Sanitaria de la Junta de Andalucía la principal responsable de que este deterioro sea cambiado con urgencia y de manera radical. Pero también los sindicatos tienen que contribuir a las soluciones. Y también los médicos del SSPA; suponer lo contrario sería una perversión inaceptable. En este sentido, todas las reivindicaciones laborales de los médicos por muy justas que sean, tienen que ser obligadamente compatibles con mejoras sustanciales de la atención sanitaria a la población atendida y revertir cuanto antes el lamentable estado descrito.Y esta realidad parece querer ser eludida en el acuerdo firmado por la Consejería de Sanidad y el SMA. Los médicos del SSPA están mal pagados, sufren mucha precariedad laboral y huyen de esta tierra. Y estos hechos, en nuestro criterio, lo que precisan para satisfacer los legítimos derechos y necesidades de ciudadanos y profesionales es lo siguiente:Se establecerá una distribución de infraestructuras técnicas y humanas del sector sanitario público de forma lógica y tienen obligatoriamente que ser similares a la media nacional. Esa distribución también debe ser equitativa con la distribución de la población en los territorios de esta Comunidad. Por eso las plantillas se tienen que medir por número de profesionales de las distintas especialidades por habitante.Se establecerá la realización anual de concursos públicos de las plazas vacantes para todos los centros sanitarios públicos de Andalucía. La gran mayoría de las plantillas actuales de los distintos servicios están infradotadas y este hecho tiene que ser solucionado cuanto antes. Esta medida además garantiza la estabilidad laboral y evita contratos eventuales, que son frecuentes y muchas veces abusivos y perniciosos.El sueldo para un Facultativo Especialista de Área (antiguo Médico Adjunto) por la jornada estándar de 35 horas semanales de lunes a viernes debe ser justo y proporcional al trabajo que se ejerce y a la responsabilidad que se asume. Debe situarse de manera inmediata al menos similar a la media nacional de todas las CCAA. De igual manera, la hora de guardia y los complementos por antigüedad, productividad, continuidades asistenciales, rango, etc deben de establecerse con igual criterio.Con estas bases implementadas se resuelven muchos problemas que ahora se enuncian y se tergiversan: Con estabilidad laboral, sin precariedad y con sueldos adecuados (claramente más elevados que los actuales), las plantillas estructurales de los centros sanitarios se llenan. Mucha conflictividad actual deriva de la escasez, a veces dramática, de plantillas, lo que demuestra a su vez la incompetencia e irresponsabilidad actual de la Administración sanitaria.Se establecerá el tiempo máximo de espera para la atención médica, para pruebas diagnósticas y para tratamiento quirúrgico.Dice el acuerdo: "La voluntariedad de las continuidades asistenciales no vinculadas a la guardia. Ambas partes evaluarán el impacto organizativo y asistencial del cambio de modelo en un plazo de seis meses a fin de eliminar su obligatoriedad, en un periodo máximo de un año desde el inicio de la vigencia de esta iniciativa". Es una cuestión que choca frontalmente con la desastrosa situación actual de las listas de espera sanitarias en Andalucía. Hay que recordar que esas esperas tienen graves consecuencias para la salud de las personas afectadas, en ocasiones vitales. Una vez más ese acuerdo se aleja de la realidad sanitaria actual, tanto de los ciudadanos como de los profesionales. Y entendemos debe resolverse como sigue:Se establecerá que en los hospitales públicos existirán, de forma evaluada según las listas de espera del centro, turnos de atención médica y quirúrgica de mañana y tarde, pero con profesionales diferentes en cada turno. Con plantillas adecuadas, esto debe hacerse obligatorio mientras el servicio tenga una demanda asistencial cuantiosa. Esta es la forma lógica de resolver las llamadas "continuidades asistenciales".PublicidadEl acuerdo habla de la organización de las guardias. Pero una cuestión no negociable es que la asistencia a urgencias médicas o quirúrgicas de enfermos que acuden o están ingresados en centros sanitarios tienen que ser atendidas con la máxima eficacia y con las mejores garantías. El resultado del tratamiento de muchas urgencias depende de la rapidez de la actuación y su pronóstico mejora si no son demoradas "al día siguiente". Y ese trabajo urgente debe ser obligatorio y repartido equitativamente entre toda la plantilla de los distintos servicios, salvo acuerdos concretos entre profesionales que sean voluntarios.Se establecerá la incompatibilidad absoluta en el ejercicio médico entre el sector público y el privado. No sólo para los jefes de servicio y sección y otros cargos intermedios no médicos, sino para todos los médicos y otros profesionales que trabajan en SSPA. Con las plantillas adecuadas, con estabilidad laboral garantizada y sin precariedad, con remuneraciones justas y adecuadas al trabajo que se realiza y a la responsabilidad que se asume, el trabajo en el SSPA debe ser incompatible con el ejercicio privado. Mientras esta medida no pueda ser desarrollada en su totalidad, los médicos que trabajen únicamente en el SSPA deben recibir un Complemento de Exclusividad por ello y en la cuantía suficiente para que sea un incentivo real.Así se evitarán los efectos perversos de los potenciales conflictos de intereses que pudieran existir en la actualidad trabajando en la Sanidad Pública y en la medicina privada a la vez. Y por otro lado, los pacientes necesitan a médicos en plenas condiciones físicas, técnicas e intelectuales permanentemente. Y eso no se puede conseguir con dos jornadas laborales diarias.PublicidadDice el Acuerdo SMA-Consejería de Sanidad "SEXTO. REDUCCIÓN DE JORNADA ORDINARIA POR INTERÉS PERSONAL. Compromiso: Se retomará la anterior regulación de la reducción de la jornada ordinaria por interés personal, fijando como objetivo a alcanzar de forma progresiva el 50 %, en un periodo máximo de un año". Nos parece una medida disparatada, nociva e intencionada. Los médicos, como cualquier otro trabajador, están obligados a cumplir su horario laboral escrupulosamente. Una reducción de jornada debe ser una medida muy excepcional que sólo puede concederse si se cumplen al completo condiciones muy precisas: a) Razones que la justifiquen previamente establecidas, b) siempre temporal y c) siempre debe aumentarse la plantilla con otro profesional al 50 % para suplir el trabajo que el primero deja de hacer. Con las plantillas actuales diezmadas y listas de espera sanitarias inaceptablemente prolongadas, plantear esto en estos términos es irresponsable e inaceptable. Parece que se pretende pagar mal a los profesionales e inducirles a trabajar en la medicina privada, desmantelando los centros públicos cada vez más.Es absolutamente imprescindible y urgente el establecimiento de un nuevo Plan Estatal de Atención Primaria de Salud. Este es el nivel esencial de un Sistema Sanitario Público. Múltiples investigaciones han demostrado repetidamente que el óptimo funcionamiento de la Atención Primaria disminuye el número de consultas en Urgencias, disminuye el número de ingresos hospitalarios y disminuye la mortalidad de la población atendida.Este desgraciado acuerdo es expresión del nivel e intencionalidad de ambos firmantes: una Administración que con su gestión ha deteriorado el Sistema Sanitario Público andaluz hasta límites escandalosos y un sindicato corporativista que defiende intereses, sobre todo económicos, de una parte de un colectivo profesional, olvidándose de las necesidades en Salud de los ciudadanos, que por otro lado son los auténticos dueños del sistema. Parece como si ambos, Administración y SMA quisieran promover y aumentar la privatización sanitaria, con las terribles consecuencias que ello conlleva. Creemos que el camino a seguir, como se señalaba previamente, es sustancialmente distinto: ciudadanos y médicos deben estar unidos en cuanto a la consecución de las necesidades sanitarias de la población y una situación laboral justa, digna y estimulante de los profesionales del sistema Sanitario Público.Sobre los autores Manuel Torres Tortosa, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas; José Antonio Brieva Romero, ex jefe de servicio (jubilado) de Inmunología Clínica; y Antonio Vergara de Campos, ex jefe de sección (jubilado) de Enfermedades Infecciosas.