La puesta en escena de Markus Lammert, portavoz de la Comisión Europea, diciendo que todas las personas migrantes que permanecen en Ceuta -incluida la infancia en movimiento -deben ser retornadas a Marruecos, nos deja un regusto a crisis de las democracias europeas que da un poco de susto. Por eso deberíamos mantenernos alerta, porque en la batalla contra los derechos de las personas migrantes no está en riesgo solo sus derechos, sino también la efectividad del Estado de Derecho que protege a toda la ciudadanía europea y la credibilidad de nuestras instituciones en defensa de los Derechos Humanos.
He estudiado el nuevo Pacto Europeo de Asilo y Migraciones y sé que es un mecanismo diseñado fundamentalmente para reducir al máximo la llegada de personas migrantes a nuestras fronteras y para que el retorno sea lo más efectivo y rápido posible. No me engaño con esta Europa que busca un equilibrio imposible con las fuerzas de ultraderecha, que han hecho de las personas migrantes su señuelo para captar votos y su excusa para recortar derechos de sus nacionales y erosionar su democracia. Sin embargo, confiaba en que las instituciones europeas protegerían a la infancia y su posición reforzada, al menos, en la misma medida que lo hace la ley para garantizar y proteger sus derechos.
