En Ceuta, hay ahora mismo centenares de niños, niñas y adolescentes sin el cuidado y la protección de sus familias. Están solos. Esta llegada de niños, niñas y adolescentes migrantes a nuestro país ha vuelto a situar la cuestión migratoria en el centro del debate político. Pero la pregunta que tenemos delante es mucho más sencilla: ¿seremos capaces de garantizar sus derechos y su protección? Hablamos de niños y niñas –algunos muy pequeños– con miedo, asustados y cuyos derechos deben ser protegidos por encima de cualquier otra consideración. Es una cuestión de humanidad y no podemos mirar hacia otro lado.
La buena noticia es que, a diferencia de lo ocurrido en 2021, España cuenta hoy con un marco legal más sólido que no solo refuerza la protección de la infancia, sino que también establece mecanismos concretos para asegurar que esa protección sea adecuada, digna y de calidad. No podemos olvidar que se trata de seres humanos en pleno proceso de desarrollo, una circunstancia que los convierte en un grupo especialmente vulnerable y que exige que toda actuación pública esté guiada por el interés superior del niño o la niña.
