Cumplir la legislación es una obligación para todas las administraciones públicas, pero, más allá del cumplimiento normativo, existe un imperativo ético y humano que no debería perderse de vista: los niños y niñas migrantes no son cifras, son vidas que tienen derechos como cualquier ser humano

La protección de niñas y adolescentes no puede quedar subordinada al debate sobre el control de frontera

No es incompatible pedir una política migratoria que sea ordenada y proteger los derechos de los y las menores.