20 de agosto, 2026 - 06h00No fue una simple crisis migratoria lo ocurrido en Ceuta los días 30 y 31 de julio de 2026. Fue la evidencia de que una frontera puede desaparecer en cuestión de horas, cuando la voluntad política cede frente a la presión demográfica e ideológica. España sostiene que alrededor de 72.000 personas ingresaron irregularmente desde Marruecos; Rabat reduce la cifra a unas 40.000. Cualquiera que sea el dato definitivo, la magnitud del episodio no admite discusión: Europa contempló, una vez más, la vulnerabilidad de sus fronteras exteriores con políticas que incentivan la migración ilegal por una errónea concepción y peor aplicación de los derechos humanos.Ceuta no es un hecho aislado; es el síntoma más visible de una política migratoria que durante años confundió facilidades con renuncia, compasión con permisividad, solidaridad con bonos o dádivas, distorsionando los derechos humanos con ausencia de controles efectivos. El resultado está a la vista: grupos que comercian con personas. Estados vecinos que utilizan los flujos migratorios como instrumento de presión diplomática y sociedades europeas crecientemente polarizadas.Ningún tratado internacional reconoce un derecho irrestricto a ingresar ilegalmente en otro país. La Convención de Ginebra de 1951 protege al refugiado perseguido; no elimina la facultad soberana de los Estados para decidir quién entra, bajo qué condiciones y con qué obligaciones. Esa distinción, deliberadamente difuminada durante años por sectores políticos y organizaciones activistas, explica buena parte del desconcierto europeo.La inmigración legal ha enriquecido históricamente a Occidente, incluyendo América. Millones de personas llegaron para trabajar, respetar las leyes e incorporarse a la cultura cívica de las naciones que las recibieron. Otra realidad muy distinta aparece cuando la integración deja de ser un deber recíproco y pasa a convertirse en una exigencia unilateral. En diversos países europeos, el debate ya no gira únicamente sobre empleo o vivienda, sino sobre barrios donde la autoridad del Estado retrocede, el rechazo a valores constitucionales, la creación de comunidades paralelas y una creciente presión sobre los sistemas de bienestar. Toda democracia tiene la obligación moral de proteger la dignidad humana. Pero posee también el deber jurídico de garantizar la seguridad, la cohesión social, el bienestar y los derechos de sus propios ciudadanos. Defender las fronteras no constituye una violación de los derechos humanos; constituye una condición para preservar el Estado de derecho.Ceuta ha demostrado que Europa deberá escoger entre seguir administrando las consecuencias o recuperar el control de sus decisiones. La soberanía nacional no termina donde comienza la presión migratoria. Cada Estado conserva el derecho inalienable de diseñar su política migratoria, seleccionar a quienes admite en su territorio y exigir, sin complejos, que quien sea acogido respete las leyes, valores e identidad histórica de la nación que libremente decidió recibirlo. Esto es aplicable a todos los países del mundo. (O)