Madrid (EFE).- Se cumple un lustro desde que entró en vigor la conocida como «Ley rider», una norma impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social para regular la actividad laboral de los repartidores de pedidos a domicilio y cuya aplicación generó opiniones opuestas entre las partes implicadas que se mantienen cinco años después.
El 12 de agosto de 2021 el Gobierno puso en marcha el Real Decreto-ley 9/2021 con la intención de garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto mediante plataformas digitales, y la eliminación de la figura del «falso autónomo» como una de sus metas principales.
Un objetivo conseguido, según han explicado fuentes del Ministerio a EFE, que ven en la ley una «norma pionera» y una de las acciones con «más visión».
Para Trabajo era «imprescindible» canalizar las nuevas formas de empleo hacia el «trabajo decente» y han visto en la corroboración de la Unión Europea (UE) y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) un respaldo a su labor en este campo.
Para el Ministerio esta ley tiene importancia en términos de «calidad democrática», ya que demuestra que «no hay nadie por encima de la ley, por poderoso que sea».
