La voz de alarma dada por el ministerio de Defensa y el CNI ante el riesgo que plantea la cercanía del astillero de Navantia y el arsenal militar de Ferrol al lugar donde la china SAIC Motor pretende levantar su primera fábrica en España se da en pleno esfuerzo político y legislativo de la Unión Europea para reforzar su autonomía frente a otros gigantes económicos. Fuentes del ejecutivo comunitario reconocen a este diario que movimientos como el del fabricante de coches eléctricos que -como ya han hecho antes otras grandes firmas chinas- opta por un emplazamiento estratégico en suelo europeo para situar una de sus plantas, han generado cierta inquietud y llevado a Bruselas a movilizarse. Las mismas fuentes citan la propuesta de Ley de Aceleración Industrial, presentada el pasado mes de marzo y que, por primera vez, fija las condiciones para la inversión de un tercer país en territorio europeo -de forma que estas resulten en valor añadido para la región- supone de facto una gran "reorientación de su política económica".El proyecto de ley, que se centra en los riesgos para la seguridad nacional, pone el foco en las inversiones extranjeras por un importe superior a 100 millones de euros procedentes de países que posean más del 40% de las capacidades de producción mundial en vehículos eléctricos, pilas y baterías, energía solar y materias primas fundamentales. Para todas ellas fija condiciones muy precisas, como que exista una mayoría accionarial europea, la transferencia de tecnología, la integración en las cadenas de valor de la UE y la creación de empleo. SAIC, que fabricó el año pasado el 60% de los vehículos eléctricos que se adquirieron a nivel mundial, prevé una inversión inicial de más de 200 millones de euros en Ferrol. "La Comisión es consciente de los posibles riesgos que la propiedad extranjera podría suponer para nuestras infraestructuras", apuntan las mismas fuentes. Inciden, además, en que los Estados miembros y la Comisión evalúan, "caso por caso", si una adquisición concreta supone una amenaza para la seguridad o el orden público y, en caso afirmativo, proponen medidas adecuadas para mitigar dichos riesgos. "Se considera la prohibición de una IED en los casos en que no parezca posible mitigar los riesgos", añaden.Con todo, hacen hincapié en que el Estado miembro en el que se realice la inversión será el responsable último de la investigación, la decisión final y el seguimiento y la aplicación de las medidas de mitigación que se impongan. "La Comisión no está en condiciones de pronunciarse sobre operaciones concretas por motivos de confidencialidad", zanjan.Compañías chinas desembarcan en infraestructuras críticasAntes que el fabricante de coches eléctricos, otras compañías chinas, como la naviera estatal Cosco, han cerrado acuerdos o adquirido participaciones en puertos clave como el de Hamburgo, primero a nivel comercial de Alemania y tercero en Europa, donde cuenta con una porcentaje del 24,9% en una de sus principales terminales. La operación, que recibió el visto bueno del canciller Olaf Scholz, provocó una tormenta política en Alemania. Tanto esta firma como la también pública China Merchant Ports cuentan con participaciones en puertos de Francia, Bélgica, Italia o Grecia. Desde la Comisión Europea inciden en que, al margen del citado proyecto de ley, los Veintisiete cuentan, además, con dos instrumentos de defensa comercial, que son el régimen de control de las subvenciones extranjeras y el sistema de control de las inversiones directas extranjeras (que trata de identificar si suponen un riesgo para la seguridad, el orden público...) y en que, sumado a todo esto, están reorientando las relaciones con China.SAIC, bajo el foco de WashingtonEl riesgo de seguridad que plantea la instalación del fabricante chino junto a Navantia cobra una dimensión especialmente sensible por la estrecha vinculación del astillero ferrolano con la industria de defensa estadounidense. Las fragatas F-110 de la Armada española incorporan tecnología norteamericana en elementos críticos de su sistema de combate, entre ellos el radar SPY-7 y otros componentes del sistema de combate Aegis. Ambos llevan el sello de Lockheed Martin, la mayor armamentística del mundo. La relación se extiende a las fragatas F-100, también equipadas con el sistema Aegis.Se da la circunstancia, además, de que SAIC ya figura en el mapa de compañías que Washington vincula con el aparato militar y de inteligencia chino. Hace un año, una comisión de la Cámara de Representantes de EE.UU. dedicada a analizar la amenaza estratégica china remitió una carta al FBI en la que, al detallar los vínculos militares y de inteligencia de varias empresas chinas certificadas por la agencia, identificaba a SAIC como "proveedor directo" del ejército chino a través de su participación en la empresa conjunta de semiconductores Xinlian Power Technology, junto a otros socios que la Administración Trump califica de "empresas militares chinas" como CATL -el partner de Stellantis en su gigafactoría de baterías en Figueruelas (Zaragoza).En un momento ya delicado para la relaciones bilaterales entre España y EEUU, la buena sintonía que el Ejecutivo español mantiene con China se ha convertido en uno de los principales puntos de fricción con Washington. Así, al menos, lo puso de manifiesto el 'caso Huawei', cuando la Inteligencia estadounidense, en línea con la Comisión Europea, transmitió su malestar a Moncloa por el contrato que Interior adjudicó a la tecnológica china para almacenar grabaciones de escuchas judiciales. Ferrol respalda la fábrica y Moncloa aleja el vetoDesde Ferrol, no obstante, se apremia a mantener la cautela y a no cuestionar una inversión considerada estratégica para la ciudad. El alcalde, José Manuel Rey Varela, defendió ayer "sin fisuras" el proyecto, asegurando que "nadie entendería" un eventual informe desfavorable del Gobierno central. En la misma línea, la Autoridad Portuaria rechazó que la fábrica comparta espacio con infraestructuras militares y subrayó que el puerto dispone de medidas específicas de protección y coordinación con Defensa. Por su parte, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, puso la pelota sobre el tejado del Ejecutivo al exigirle "que sea capaz de compatibilizar la seguridad nacional con la oportunidad histórica que se le presenta a Galicia".Como explicó la conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana cuando la Xunta declaró estratégico el proyecto, al tratarse de una empresa no europea, deberá obtener obligatoriamente la autorización de inversión extranjera directa (FDI por sus siglas en inglés) del Gobierno central, que corresponde otorgar al Consejo de Ministros. Por ende, la operación pende aún de la obtención de los permisos y autorizaciones necesarios. Un trámite que, salvo un golpe de timón de Moncloa, previsiblemente culminará después de que el ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, negase este lunes que vaya a rechazarse esta inversión por razones de seguridad nacional.