Vox defiende que el Gobierno de Giorgia Meloni haya impuesto controles fronterizos a los viajeros que provengan de España tras la crisis de Ceuta porque "tiene por finalidad proteger la frontera italiana ante la entrada de inmigrantes ilegales", pero asegura que la respuesta del Ejecutivo español —que el pasado viernes, tras dar un ultimátum a Italia que el país ignoró, respondió con la misma medida para los viajeros que vienen de nuestro vecino mediterráneo— solo busca "proteger a Sánchez y provocar un conflicto internacional". Así lo ha defendido el jefe de la delegación de Vox en el Parlamento Europeo, Jorge Buxadé, en una entrevista concedida a Antena 3, que apunta que la medida impuesta este viernes obedece a los intereses propios del presidente del Gobierno. "Siempre que ha podido ha intentado entrar en conflicto con otros líderes para ocultar su absoluta negligencia y, en este punto, su rendición frente a los intereses del Gobierno de Marruecos", ha aseverado el eurodiputado de Vox.Fuentes de Vox ni confirman ni desmienten que en los últimos días miembros destacados del partido hayan hablado con la propia primera ministra Meloni. "Hay una comunicación permanente con todos nuestros aliados", se limitan a señalar. El viernes, el Gobierno instó a Italia a rectificar y poner fin a los controles en frontera impuestos tras la entrada masiva de al menos 72.000 inmigrantes en Ceuta el pasado 30 de julio.España explicó que ninguno de los migrantes que accedieron de forma irregular a Ceuta pudo ni puede entrar libremente al espacio Schengen porque la ciudad autónoma tiene un régimen especial en el mismo y que, además, la práctica totalidad de ellos (70.000 según el Ejecutivo) ya había retornado a Marruecos. Aun así, Italia se negó a levantar los controles fronterizos al menos hasta el 15 de agosto, cuando se sospecha que puede tener lugar otra entrada en Ceuta. Esto provocó la respuesta "proporcional" del Gobierno español, que los impuso hasta el 7 de septiembre. Juzgar a Sánchez, Marlaska, Robles y Albares por "traición"Entretanto, en Vox alientan la idea de activar el artículo 102 de la Constitución para exigir responsabilidades penales al presidente del Gobierno y algunos de sus ministros por lo sucedido en Ceuta. Así lo expuso este fin de semana el líder del partido, Santiago Abascal, y en ello han ahondado diversas fuentes consultadas este lunes. El artículo 102 recoge que "la responsabilidad criminal del Presidente y los demás miembros del Gobierno será exigible, en su caso, ante la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo" y que "si la acusación fuere por traición o por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus funciones, sólo podrá ser planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y con la aprobación de la mayoría absoluta del mismo". Este es el mecanismo que pide activar Vox mediante un procedimiento que se iniciaría con la presentación de un escrito con al menos 88 firmas (la cuarta parte del Congreso) ante la Mesa del Congreso, en la que, por otro lado, PSOE y Sumar tienen mayoría. Acto seguido, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, estaría obligada a convocar una sesión secreta del pleno para su debate y votación. De salir adelante por mayoría absoluta, se comunicaría al Tribunal Supremo para que iniciase las oportunas diligencias. Sea como fuere, Vox cuenta tan solo con 32 diputados, por lo que necesitaría el apoyo de al menos 56 más de otras formaciones a las que el partido admite que ni siquiera han tanteado ni, por el momento, tiene pensado tantear más allá de las declaraciones públicas y "los llamamientos" que en este sentido hacen dirigentes destacados de la formación. "La oferta está lanzada, a partir de ahí las cosas corren de forma natural", asegura un peso pesado del partido. La idea de Vox es que este procedimiento se inicie contra Pedro Sánchez y, "al menos", contra los ministros del Interior, Fernando Grande-Marlaska; la ministra de Defensa, Margarita Robles; y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, "los que tienen plena responsabilidad". Las mismas fuentes insisten en que Vox se negará a acoger a los menores no acompañados que hayan ingresado en territorio ceutí en las comunidades en las que gobierna junto al PP y que el Gobierno tiene pensado reubicar en virtud del artículo 35 de la Ley de Extranjería. El partido de Santiago Abascal pide realizar "expedientes individualizados" de cada menor y "devolverlos" a Marruecos. "Tenemos razón jurídica. Lo que prevé la ley es la entrega y el retorno con sus familias y, si no, Marruecos tiene instituciones tutelares y se tiene que hacer cargo de los niños", aseveran desde la formación. La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha convocado para este jueves la Comisión Sectorial de Infancia para abordar la distribución por España de los 1.342 menores que, hasta el momento, tiene registrados el Gobierno en Ceuta. Los vicepresidentes autonómicos de Vox que además tienen competencias en inmigración, Óscar Fernández (Extremadura), Alejandro Nolasco (Aragón) y Carlos Pollán (Castilla y León), han anunciado que no acudirán a la reunión y han exigido que el Ejecutivo concluya primero los "expedientes individualizados" de cada niño. Asimismo, han avanzado que recurrirán ante los tribunales aquellos casos "que no finalicen con el retorno a Marruecos". El plantón, aseguran fuentes de Vox, ha sido respaldado por los presidentes populares de dichas comunidades.No obstante, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha asegurado este lunes que su partido "es partidario" de acudir a la reunión "para escuchar" las propuestas el Ejecutivo, por mucho que no las compartan y las rechacen.