La lucha contra la inmigración ha sido la principal bandera ideológica de Vox desde su fundación en 2014. Es la consigna sobre la que ha asentado en buena parte su ascenso electoral, un asunto existencial por el que llegó a romper incluso los acuerdos de gobierno que mantenía con el Partido Popular hasta julio de 2024. Génova siempre achacó esa decisión a un interés electoral, pero el detonante que azuzó el partido de Abascal fue la decisión unilateral del PP de acoger en sus comunidades a más menores migrantes procedentes de Canarias por "solidaridad" cuando entonces no había, como ahora, una ley que obligase a su asistencia. Dos años después, el mapa territorial ha cambiado y sus competencias también. Es cierto que en la primera hornada de las coaliciones de PP y Vox tras las autonómicas de 2023 el partido ultraconservador asumió atribuciones en Justicia o Interior, pero sus políticas no tenían efectos prácticos porque las facultades en inmigración son exclusivas del Estado. Lo que sí corresponde a las comunidades autónomas es la gestión de la acogida de los menores migrantes. Y tras el último ciclo electoral, Vox ha logrado hacerse con esa potestad en los gobiernos de Extremadura, Aragón y Castilla y León. En Andalucía es el PP el que conserva esas competencias. Los tres vicepresidentes de Vox ostentan las competencias sobre los jóvenes extranjeros que llegan a la península bajo el área de Desregulación, Familia y Servicios Sociales. Esta circunstancia implica que, si el Ministerio de Juventud e Infancia convoca la Conferencia Sectorial para abordar la situación de contingencia migratoria de algún territorio, como sucedió en 2021 y 2024, serán Óscar Fernández, Alejandro Nolasco y Carlos Pollán los que acudirán a la cita en representación del ejecutivo autonómico. TE PUEDE INTERESAR Vox es consciente de que se encuentra ante su primer examen para demostrar que uno de los ejes de su identidad política, el de plantar batalla a la inmigración irregular, va más allá de las soflamas y tiene recorrido legal. Dentro de su discurso, los de Abascal siempre han sido especialmente combativos con los "menas", cuya presencia han vinculado a problemas de seguridad y de convivencia. Hay que recordar que el líder ultraconservador dio orden de romper sus pactos con el PP cuando Feijóo autorizó en 2024 la acogida de 347 menores extranjeros no acompañados en sus comunidades, seis de ellas compartidas con Vox. El reto ahora es mucho mayor. El Gobierno ha registrado ya a 1.342 niños y adolescentes que deambulan por Ceuta desde el histórico asalto migratorio del pasado 31 de julio. En apenas 24 horas, más de 70.000 personas —80.000 según el gobierno de Ceuta— cruzaron la frontera desde Marruecos y casi 150 perdieron la vida en el mar. La mayoría de los inmigrantes han retornado ya a su país de origen, pero una de las principales derivadas del inédito desafío a la integridad territorial de España reside en los menores no acompañados que han llegado a nuestras fronteras, cuya presencia o posible retorno cuenta con muchas aristas legales. Aun sin cifras exactas, el Ejecutivo ha movido ya ficha para activar las derivaciones de los cientos de jóvenes que no volverán con sus familias a Marruecos, una decisión que implica la primera prueba de fuego para las cuatro coaliciones de gobierno que comparten PP y Vox. Mientras Génova promete que sus comunidades "cumplirán la ley" y acatarán el reparto, la mayoría de las regiones se preparan para dar la batalla en múltiples frentes y obstaculizar la aplicación de la Ley de Extranjería. Pese a los mensajes de conformidad que emiten desde la cúpula de Feijóo, donde instan también al Gobierno a activar el convenio suscrito con Marruecos en 2007 o favorecer los retornos, en el entorno de Guardiola, Azcón y Mañueco aseguran estar alineados con el rechazo de sus vicepresidentes a la acogida y actuarán desde un frente común. La máxima de "no más menores no acompañados" impresa en todos los pactos autonómicos, lleva el sello del partido de Santiago Abascal, que se juega poder mantener el tipo ante sus votantes en el próximo ciclo electoral si no logra cumplir con esa premisa. En Bambú se curan en salud y recuerdan que la situación en 2026 no es la misma que en 2024 o 2021, otros dos momentos delicados del desafío migratorio, porque desde el año pasado opera una reforma de la Ley de Extranjería que el Gobierno aprobó vía real decreto para que la redistribución de menores extranjeros fuese obligatoria entre las comunidades autónomas, aunque Cataluña y País Vasco quedaron fuera del reparto inicial. Aun así, la dirección de Vox ha puesto ya a su equipo a trabajar para inspeccionar todos los recovecos legales para recurrir los expedientes de traslado y que los niños y adolescentes no sean derivados al menos en las regiones en las que gobiernan. Su máxima pasa por "no asumir el marco de que han de llegar" y "trabajar para que no lleguen". Defienden que, pese a estar colapsando los recursos asistenciales de Ceuta, resultará mucho más sencillo intentar devolver a todos o a la mayoría a su país de origen antes de que pisen la península... y les permitiría en paralelo afianzar una capacidad de gestión que sirva de escaparate para la próxima cita con las generales. TE PUEDE INTERESAR "Vamos a utilizar los propios recursos que tenemos, de todo tipo, políticos, administrativos y legales para defender el interés de los extremeños, que es el de que no vengan más menas a Extremadura", reivindicó, por ejemplo, el pasado viernes el vicepresidente de Vox en Extremadura, Óscar Fernández. El desafío no es menor por la obligatoriedad que fija la ley y por la advertencia que ya trazan desde el Gobierno: si hay comunidades que se oponen al reparto, la Fiscalía actuaría de oficio. Pero se preparan para activar todas las trabas posibles, mirando tanto a la legislación nacional como a la internacional. La coordinación que observan en los ejecutivos autonómicos y la mejora de las relaciones con Génova han provocado también que Bambú aleje toda opción de que se replique una nueva ruptura con el PP. La línea roja está en el respeto a los acuerdos y en que los barones populares sigan remando como hasta ahora en favor de "cumplir con lo pactado". Solo hay un dirigente popular contra el que el partido de Abascal se ha rebelado: el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, al que exigen la "dimisión" por su "lloriqueo permanente" y pedir al resto de España "solidaridad" para descongestionar los servicios de la ciudad autónoma. La lucha contra la inmigración ha sido la principal bandera ideológica de Vox desde su fundación en 2014. Es la consigna sobre la que ha asentado en buena parte su ascenso electoral, un asunto existencial por el que llegó a romper incluso los acuerdos de gobierno que mantenía con el Partido Popular hasta julio de 2024. Génova siempre achacó esa decisión a un interés electoral, pero el detonante que azuzó el partido de Abascal fue la decisión unilateral del PP de acoger en sus comunidades a más menores migrantes procedentes de Canarias por "solidaridad" cuando entonces no había, como ahora, una ley que obligase a su asistencia.