Vox no romperá sus pactos de gobierno con el PP en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía aunque estas comunidades autónomas acepten el reparto de los más de 1.100 menores extranjeros no acompañados llegados a Ceuta, que desbordan con creces la capacidad de acogida de la ciudad autónoma. El partido ultra no protagonizará una nueva espantada como la que dio en julio de 2024, cuando salió de todos los gobiernos de coalición con el PP, a pesar de que sus pactos mencionan expresamente este asunto, que no figuraba en los de aquella época. “No más menores extranjeros no acompañados (MENA). Rechazo frontal a la política inmigratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad”, se lee en todos los acuerdos suscritos por PP y Vox.Sin embargo, fuentes de la formación de Santiago Abascal aseguran que la situación es “radicalmente distinta” a la de hace dos años. Y eso porque, argumentan, las comunidades del PP votaron entonces a favor del reparto voluntario de 347 menores, en el seno de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia. Ahora, sin embargo, no hay nada que votar, ya que el real decreto ley aprobado por el Gobierno en marzo de 2025 prevé el reparto obligatorio de los menores solos cuando alguna comunidad triplique su capacidad de acogida. La decisión, por tanto, corresponde en exclusiva al Gobierno.Con la normativa en vigor, las comunidades regidas por Vox y el PP no pueden negarse a acoger a los niños y adolescentes que les correspondan sin incumplir la ley y arriesgarse a una denuncia de la Fiscalía de menores. En los propios pactos entre ambos partidos se matiza que estos cumplirán, en todo caso, “el marco legal vigente”.Lo que sí exigirá Vox, según fuentes de dicho partido, es que los gobiernos de los que forman parte pongan todas las trabas posibles al reparto de menores, que se utilicen “todos los medios legales, jurídicos y políticos” para dificultarlo. Eso pasa por presentar recurso judicial contra la medida y exigir al Gobierno que proceda a retornar a los menores a Marruecos, aunque no sea con su familia sino bajo tutela de la Administración; y por realizar pruebas de edad para excluir a todos aquellos que sean adultos. Además, Vox quiere presionar a su socio con la inmediata puesta en práctica de algunas de las medidas incluidas en sus acuerdos de gobierno, como la ruptura de todos los convenios y la retirada de las ayudas a las ONG que “participen directa o indirectamente en la promoción, facilitación o sostenimiento de la inmigración ilegal”, una categoría en la que el partido ultra incluye a Cáritas, la asociación que canaliza la obra social de la Iglesia católica, por sus servicios de asistencia a extranjeros vulnerables. También pretende endurecer el régimen interno de los centros de menores, reforzando los protocolos disciplinarios.Lo que será difícil es compatibilizar su obligación de cumplir la legalidad vigente, y aceptar el reparto de menores que decida el Gobierno, con su promesa de no crear nuevos centros para menores ni crear nuevas plazas en los existentes, lo que puede abocar a una situación de hacinamiento. En declaraciones a Cuatro, el secretario general de Vox en el Congreso, José María Figaredo, ha dicho que “hay que cazar a los inmigrantes de uno en uno y devolverlos a Marruecos y ha rechazado las críticas de quienes le acusan de deshumanizar a seres humanos con la utilización de un verbo que se refiere a la captura de animales, alegando que quienes se quejan de ello tienen “la piel muy fina” y que los derechos humanos que él defiende son los de los españoles. Se da la circunstancia de que el término “cacería” es utilizado por grupos violentos y racistas de extrema derecha para referirse a las batidas contra extranjeros.