Diciembre de 2025 dio el pistoletazo de salida a una etapa de elecciones autonómicas que se han saldado con cuatro gobiernos de coalición entre PP y Vox. Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía han visto a la extrema derecha acceder a las instituciones gracias a sus acuerdos con el Partido Popular. Además, desde noviembre de 2025, el País Valencià tiene nuevo presidente gracias a una investidura que recibió el apoyo de la formación de Abascal.PublicidadVox impone su agenda por media España y siete meses después del inicio de estos procesos electorales su sello ya se aprecia con claridad en muchas de las medidas adoptadas en los gobiernos autonómicos, especialmente en los de María Guardiola, Jorge Azcón y Juanfra Pérez Llorca. Si en los acuerdos de gobierno se puso el foco en las leyes de memoria histórica, se introdujo la idea de "prioridad nacional" y los extranjeros están sobre la picota, empiezan a llegar, con cuentagotas, políticas concretas que cristalizan la marca de la casa de la extrema derecha. Castilla y León aún está a la espera de notar el impacto del regreso de la extrema derecha. El Gobierno se configuró hace unas semanas pero aún no habrá plenos hasta septiembre y los Presupuestos se han pospuesto para 2027. Extremadura: toros, provida y contra las ONGEsta semana se han aprobado los Presupuestos autonómicos en Extremadura y Vox, liderado en la región por Óscar Fernández, ha marcado territorio en algunos de las partidas presupuestarias. 1.780.000 euros en ayudas al mundo taurino que se reparten en 700.000 euros en difusión de la cultura taurina, otros 700.000 euros para la Fundación Toro de Lidia, 200.000 euros en ayudas a peñas taurinas, 150.000 euros para la Escuela Taurina Extremeña de Coria, y otros 150.000 euros destinados a ayudas a la celebración de espectáculos taurinos. Otro apartado suprimido por el nuevo Gobierno de PP y Vox ha sido el de las partidas para la cooperación al desarrollo. El Ejecutivo recortará de 10 millones a tan solo 700.000 euros esta inversión, algo que ha provocado un terremoto en el tejido de las asociaciones. "La cooperación extremeña queda dotada con un 0,03% del presupuesto total de la Junta de Extremadura, un porcentaje catastrófico y alejado del compromiso político de avanzar hacia un 0,7%", denunciaban en un comunicado la Coordinadora Extremeña de ONG (CONGDEX) tras conocerse la noticia. La guerra contra la ayuda humanitaria ha llegado hasta la dimisión de Isabel Belloso como directora de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AEXCID) en forma de protesta por los fuertes recortes. En toda una declaración de intenciones, la Junta de Extremadura anunciaba que el puesto no se volvería a cubrir y que se amortizaba. A su vez, a través de enmiendas a los Presupuestos, Vox logró frenar inversiones en organizaciones ecologistas.Además, Vox no ha perdido la ocasión para mantener la batalla cultural y dar así subvenciones nominativas a entidades afines ideológicamente. Si el aborto y el feminismo son dos enemigos de la extrema derecha, los Presupuestos han aprobado una ayuda de 15.000 euros para la Asociación Provida de Badajoz y otra de 50.000 euros para la Asociación Custodia Compartida de Extremadura.PublicidadIrene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, cree que los Presupuestos son inviables por falta de tiempo, pero aun así considera que estas medidas han servido para instaurar una nueva realidad en la región: "Son Presupuestos que difícilmente se van a ejecutar, porque se aprueban en julio y tienen que justificarse a finales de noviembre. Escasamente tienen tres meses para desarrollarse en su totalidad. Son Presupuestos de escaparate y propaganda y vienen a imponer esa mirada excluyente sobre los servicios sociales", sostiene a Público.País Valencià: políticas contra migrantesEl caso valenciano es más extraño. Vox no vio necesario entrar en el Ejecutivo: le bastó con pactar con Carlos Mazón acuerdos parlamentarios y tras su caída dio luz verde a la investidura de Juanfra Pérez Llorca sin hacer ruido. Y, sin embargo, es uno de los territorios que más ha implantado la agenda ultra. Esto demuestra que Vox no necesita entrar en las instituciones para dominar el marco político y que todo nace de la debilidad del PP para obtener mayorías. Trabas a los extranjeros, fomento de la caza y bajadas de impuestos. Las políticas más identitarias de Vox ya se han dejado ver en los Presupuestos aprobados en el País Valencià hace unas semanas a pesar de que no tiene en su poder ni una sola consejería. PP y Vox han pactado en esta región cuatro medidas con el sello ultra: excluir de ayudas sociales a migrantes en situación irregular, rebajar más las tasas de las licencias de caza, extender la bajada de IRPF a las rentas de más de 100.000 euros y rebajar el Impuesto de Patrimonio e incluir la cuestión de la "prioridad nacional" en materia de vivienda. La inclusión de la "prioridad nacional" provoca que se establezca "asignación prioritaria de los recursos públicos a quienes mantienen un arraigo real, duradero y verificable" en la región y garantizar el acceso a la vivienda en base a este principio.PublicidadLa oposición denuncia el desmantelamiento de los servicios en educación, sanidad, vivienda o emergencias. Joan Baldoví, portavoz de Compromís, también muestra su malestar tras la firma de estas normativas: "Por desgracia, los valencianos volvemos a ser pioneros en sufrir las barbaridades resultantes de los pactos entre PP y Vox", asegura a Público. Pérez Llorca es el sucesor de Mazón y eso no lo olvida la oposición. "Este señor lleva ocho meses al mando de la Generalitat del PP. ¿Qué ha hecho? Aprobar unos Presupuestos que ponen en el centro los postulados más extremistas de Vox. Pérez Llorca vive por y para que Feijóo lo proclame candidato del PP en las próximas elecciones, y su pandilla de partido y de socios se dedican a enchufar a amigos y familiares en las instituciones, repartirse viviendas públicas de forma ilegal o proteger a Mazón con privilegios que son un insulto para las víctimas", zanja Baldoví.Aragón: la Fiscalía ya estudia tomar medidasEn cuanto a Aragón, sus iniciativas ya han tenido respuesta desde el Gobierno de España y la Fiscalía. El Gobierno de Jorge Azcón, líder del PP aragonés, tiene a Vox en varias consejerías y Alejandro Nolasco como vicepresidente y consejero de Bienestar Social y Familia. Desde esta cartera, Nolasco anunciaba esta semana que ha quedado suprimida la ayuda semanal que los menores extranjeros no acompañados recibían en la región y se ha incluido la "prioridad nacional" en ayudas por partos y adopciones múltiples. La reacción fue inmediata, primero con la denuncia de la medida por parte del Ministerio de Juventud e Infancia de Sira Rego en la Fiscalía de menores. "Quitar una paga semanal a chicos y chicas que están solos en nuestro país es de las cosas más repugnantes que hemos visto en los últimos años", aseveraba la ministra. La Fiscalía General del Estado también se plantea tomar cartas en el asunto y estudia denunciar por delito de odio a la consejería de Nolasco.Los planes de PP y Vox ya han tenido la reacción de la oposición, encabezada en Aragón por el PSOE de Pilar Alegría. "La sensación es que el PP está mucho más preocupado por conservar el poder y mantener contento a su socio que por ofrecer respuestas a los problemas reales de los ciudadanos", explican los socialistas aragoneses a Público, que además tienen memoria y recuerdan intentos de llevar a cabo otras políticas de corte neoliberal. "Han intentado privatizar el Bachillerato concertando nuevas plazas cuando sobran plazas públicas, una decisión que los tribunales han frenado. Han aumentado el módulo de la vivienda protegida para favorecer que las promotoras construyan más, cuando el verdadero problema es que miles de familias no pueden acceder a una vivienda asequible. Y en sanidad, cada vez que surge una dificultad, la respuesta vuelve a ser la misma: derivar servicios y recursos a empresas privadas en lugar de reforzar el sistema público", explican.