En 2024, el reparto de 400 menores no acompañados hizo saltar por los aires los gobiernos de PP y Vox en cinco comunidades autónomas. Ahora, según fuentes del Gobierno de Ceuta, la cifra de menores que atravesó la frontera de Ceuta alcanza el millar e implica una sobreocupación de casi el 3.000% de los centros de acogida de la ciudad autónoma. El Gobierno de Pedro Sánchez ya ha indicado que el próximo paso será el reparto de los menores entre las comunidades autónomas. Pese a que están obligados por ley a acogerlos, Partido Popular y Vox harán frente común contra la decisión del Ejecutivo. El Ministerio de Juventud e Infancia indicó el martes que la ministra Sira Rego acudirá en los próximos días a Ceuta para activar los mecanismos de acogida, los cuales incluyen el reparto de los menores entre las CCAA: "Dentro de estos mecanismos se encuentra el despliegue completo del artículo 35 de la Ley de Extranjería, reformada mediante Real Decreto-ley el pasado año 2025, que contempla, entre otros, la acogida vinculante y solidaria por parte del resto de comunidades autónomas". Se trata de la misma petición que hace dos años enfrentó a los dos principales partidos de la oposición. Sin embargo, el escenario ha cambiado y ambas formaciones abogan ahora por enterrar el hacha de guerra y colaborar frente al enemigo común: Pedro Sánchez. Una tónica que será la que marque el período preelectoral que se extenderá hasta la cita con las urnas en 2027. Fuentes autonómicas consultadas por El Confidencial manifiestan que PP y Vox permanecerán alineados en este desafío migratorio y que no se saltarán ni una coma de los pactos de gobierno firmados en Extremadura, Andalucía, Aragón y Castilla y León. "La postura es única como Gobierno de la Junta de Castilla y León. Y las decisiones que se toman desde la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales son las acciones del Ejecutivo", subrayan fuentes del Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Pollán. "Todo ello enmarcado, de nuevo, en el pacto de gobierno sellado", añaden. TE PUEDE INTERESAR Desde Aragón apuntan que "la postura del Partido Popular es la que está firmada en el pacto de Jorge Azcón y Alejandro Nolasco". Al igual que sucede en las otras tres comunidades donde PP y Vox gobiernan en coalición, el apartado de inmigración indica la posición con claridad: "No más menores extranjeros no acompañados (menas). Rechazo frontal a la política migratoria del Gobierno central y a la llegada de más inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad, a la comunidad autónoma de Aragón". "Vamos a cumplir con los acuerdos de gobierno", reiteran, al tiempo que anuncian que darán la batalla judicial ante los nuevos traslados previstos por el Ministerio de Juventud e Infancia. Recuerdan además que su partido ya ha "ganado varias sentencias" que sientan un importante precedente, como el que fijó en junio el juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta al anular una resolución de la Delegación del Gobierno para trasladar y reubicar a un menor extranjero no acompañado a la comunidad autónoma por falta de motivación. En Castilla y León abrazan también la vía de los tribunales "para tratar de paralizar esos hipotéticos traslados" y, a instancias de la Consejería de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales controlada por Vox, los servicios jurídicos de la Junta se encuentran elaborando un recurso ante la decisión del Gobierno de Sánchez de crear 833 plazas para acoger a nuevos menores no acompañados en la región. La Junta de Extremadura ya ha manifestado también que "no puede asumir más presión migratoria ni más menores migrantes no acompañados porque nuestros recursos y nuestra capacidad de atención están al límite". El ejecutivo de María Guardiola asegura que "seguirá actuando conforme al pacto de gobierno y a los compromisos adquiridos" con la formación de Santiago Abascal. Por su parte, el equipo de Juanma Moreno guarda silencio y no aclara si el pacto que cerró con Vox en julio anula el convenio de colaboración con Ceuta para el traslado de niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados en situaciones de contingencia migratoria. El mencionado acuerdo se firmó en 2024 y fue impulsado por Loles López, la misma consejera que hoy ocupa la cartera de Servicios Sociales, Familia e Igualdad. Desde Vox Andalucía, liderado por el vicepresidente Manuel Gavira, reiteran su "oposición a la llegada de más menas" y señalan que plantarán cara con "recursos y pruebas de edad obligatorias", endurecerán "el internamiento" y eliminarán "beneficios" para los jóvenes extranjeros, informa Carlos Rocha. TE PUEDE INTERESAR Así las cosas, las posturas coordinadas de PP y Vox anticipan un escenario de colisión frontal con Moncloa cuando llegue el momento de negociar el reparto de menores, que dista de la ruptura que exhibieron los dos partidos de la derecha hace dos años. La ley obliga a acoger a estas personas, a no ser que tengan la aprobación de sus padres para retornar a territorio marroquí. Sin embargo, las CCAA de PP y Vox planean poner trabas al reparto por otros medios. Más allá de la vía jurídica, el otro recurso con el que cuentan estas CCAA es el de solicitar a la Fiscalía pruebas de edad que determinen "si los supuestos menores son en verdad menores de edad". Confían en que esta medida sirva de filtro para "no dar soporte a ninguno de esos falsos menores con la ley en la mano". Una de las comunidades que ha aplicado este sistema en los últimos meses ha sido Extremadura. En el último tercio de la legislatura, el PP ha endurecido su discurso migratorio, alineándose con sus socios europeos y acercándose a las posiciones que Vox ha abanderado históricamente. Pero a diferencia del claro rechazo que ya exhiben en parte de sus comunidades autónomas, Génova optó por no desvelar todas sus cartas este martes. Preguntados por los traslados anunciados por Elma Saiz, ni Miguel Tellado ni Alma Ezcurra —dos de los principales puntales políticos de Feijóo— quisieron aclarar si acatarán o si plantarán cara al Ejecutivo. TE PUEDE INTERESAR Fuentes populares reiteran en privado que su respuesta al desafío se basará en los acuerdos ya suscritos con Vox, que contaron además con la supervisión de Génova, pero se niegan a pasar de pantalla y abordar la problemática de los menores migrantes cuando, insisten, "la normalidad no ha regresado a Ceuta" y el Gobierno ni ha asumido responsabilidades ni ha dado explicaciones sobre los fallos tanto en la prevención como en la respuesta ante la histórica avalancha de inmigrantes que cruzaron la frontera procedentes de Marruecos. Ezcurra, vicesecretaria de Acción Sectorial y responsable de la política migratoria en Génova, señaló en una entrevista para La Sexta que el PP "siempre va a cumplir con la ley" y que estará "al lado de los ceutíes" ante la situación de colapso que atraviesa la ciudad presidida por su compañero de partido, Juan Jesús Vivas. Pero añadió acto seguido que las comunidades autónomas "no van a aceptar las consecuencias de la irresponsabilidad de un Gobierno que ha llevado a miles de personas, entre ellos muchos niños, a jugarse la vida en el mar". "El que ha generado el problema es el que debe resolverlo", concluyó también Tellado. Isabel Díaz Ayuso, que trata de salir de la crisis política de la compra del ático de lujo en Chamberí, denunció en X que "la izquierda no haya pedido un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid en agosto para saber cuántos inmigrantes en situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos", y sí para fiscalizar la polémica operación inmobiliaria. "Eso es lo más inhumano que hay", zanjó. Mucho más duro fue Abascal, que anticipó la batalla que tomará forma en las próximas semanas y meses a cuenta de la nueva oleada de jóvenes migrantes: "Los falsos menas, deportados; y los niños, a casa con sus padres", zanjó Vox en su cuenta oficial. Interior reconoce que más de 70.000 personas lograron entrar en Ceuta el pasado jueves, y que cerca de 2.000 permanecen en territorio español. La crisis migratoria se ha saldado con un único cese, el de la responsable de comunicación del Departamento de Seguridad Nacional (DSN) por difundir datos del Ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska sobre la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma en la web oficial del organismo. El PP ha desplegado una ofensiva a todos los niveles para reclamar explicaciones, depurar responsabilidades y alertar a sus aliados a nivel comunitario sobre los riesgos de la política migratoria de Sánchez.