La crisis migratoria de Ceuta ha activado un frente de rechazo entre los gobiernos autonómicos del Partido Popular, y tanto en aquellos donde los de Alberto Núñez Feijóo gobiernan en solitario como donde comparten el poder con Vox, han comenzado a cerrar filas contra un eventual reparto de los menores migrantes no acompañados llegados a la ciudad autónoma desde Marruecos. PublicidadMientras el Gobierno de Pedro Sánchez prepara la activación de los mecanismos previstos en la Ley de Extranjería para aliviar la presión sobre Ceuta, donde los populares también gobiernan, varios ejecutivos autonómicos del PP sostienen que la responsabilidad corresponde exclusivamente al Gobierno del Estado y anticipan su negativa a asumir nuevas acogidas, bien apelando a la saturación de sus recursos bien remitiéndose a los acuerdos suscritos por el PP con la formación ultraderechista.Durante la oleada masiva en la que más de 70.000 personas cruzaron entre el 28 y el 31 de julio pasados el paso fronterizo entre Marruecos y Ceuta a través del espigón del Tarajal y del litoral que lo rodea -al menos 72 murieron en el intento-, varias fuentes calculan que había más de 7.000 menores de edad. Tras el retorno voluntario de la mayoría de ellos, quedan en la ciudad 862 chicos y chicas, que permanecen acogidos oficialmente en los centros de la ciudad que preside el popular Juan Jesús Vivas. Las autoridades estiman que puede haber cientos más escondidos.Rechazo a la solidaridad como posición políticaEl Gobierno de Vivas ya ha advertido de que la crisis supera con creces la capacidad de atención que le permiten sus medios materiales y humanos, pero su partido, lejos de ofrecerle apoyo desde las instituciones donde gobierna, ha fijado una posición política que consiste en la negativa a abordar la situación desde la solidaridad entre comunidades autónomas. Preguntado este martes por si los gobiernos populares participarán en el reparto de los menores, el secretario general del PP, Miguel Tellado, sostuvo que la entrada de personas en la ciudad no había sido "una crisis migratoria, sino de seguridad nacional" y que, por tanto, "el que debe resolverla es el Gobierno". En la misma línea añadió: "No tiene que ver con situaciones anteriores. Que por donde han entrado, vuelvan a salir".Devolver a los menores a Marruecos a través del paso fronterizo del Tarajal, como propone Tellado, es una medida ilegal que contraviene la obligación que la Ley de Extranjería deposita en las autoridades, que deben abrir un procedimiento individualizado con participación de la Fiscalía para comprobar si un menor lo es en realidad y decidir luego si debe o no ser repatriado en función de su situación particular y de la protección de los derechos que le asisten. PublicidadMiguel Tellado, secretario general del PP, sobre los menores migrantes en Ceuta: "Que por donde han entrado, vuelvan a salir"El argumentario del secretario general del PP, sin embargo, encuentra un respaldo explícito en los acuerdos de gobierno que el PP mantiene con Vox en varias comunidades autónomas. Los pactos suscritos en Extremadura, Andalucía, Castilla y León y Aragón incorporan un apartado específico sobre inmigración que rechaza de plano cualquier política de reparto de menores extranjeros no acompañados. El texto, casi idéntico en los cuatro casos, es taxativo: "No más menores extranjeros no acompañados. Rechazo frontal a la política de inmigración del Gobierno central. [La Administración autonómica] rechazará de forma expresa la política de inmigración del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad. No participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia" en cada territorio.Los acuerdos van mucho más allá del rechazo al reparto. Junto a la regla de la "prioridad nacional" en la recepción de ayudas y prestación de servicios públicos, también contemplan endurecer la política de retornos; promover las repatriaciones de menores; impedir la ampliación de los centros de acogida y reducir el gasto destinado a ellos "hasta el mínimo imprescindible"; eliminar la financiación a las organizaciones que atienden a personas migrantes; reformar las normas del padrón; prohibir el uso del burka y el nicab en espacios públicos y suprimir los programas de enseñanza del árabe y de la cultura marroquí, además de rechazar "cualquier injerencia extranjera o intento de diluir" la "identidad, usos y costumbres" locales.Vox pide "deportaciones masivas"Castilla y León ha sido una de las comunidades donde la crisis de Ceuta ha hecho aflorar el calado real de esos pactos cuando se producen emergencias como la actual. Fuentes de la Vicepresidencia primera, dirigida por Carlos Pollán (Vox), recordaron este martes a Efe que el acuerdo con el PP obliga a la Junta a oponerse al reparto y a cualquier acción que no sea su repatriación inmediata. El propio Pollán reclamó además "deportaciones masivas", otra medida contraria a la legalidad, y anunció el inicio de la retirada de ayudas a organizaciones que prestan asistencia a migrantes.PublicidadEl silencio del presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, contrasta con la posición que mantuvo hasta hace apenas unos meses. Antes de sellar el nuevo acuerdo con Vox el pasado 2 de julio, el dirigente popular había chocado con la formación ultra por su discurso migratorio, había cuestionado el patriotismo de sus dirigentes y había expresado públicamente su apoyo y solidaridad con Ceuta y con Canarias ante anteriores episodios de presión migratoria. Sin embargo, no se ha pronunciado sobre la posibilidad de participar en el reparto de personas migrantes menores de edad.Una situación similar se produce en Extremadura. La presidenta, María Guardiola, tampoco ha fijado públicamente una posición, aunque fuentes de su Ejecutivo citadas por El Confidencial aseguran que la comunidad no puede "asumir más presión migratoria ni más menores migrantes" y subrayan que el Gobierno extremeño cumplirá el acuerdo alcanzado con Vox en esa materia. De este modo, otro de los ejecutivos autonómicos del PP anticipa que el compromiso político adquirido con la formación de Santiago Abascal pesará también sobre cualquier decisión relacionada con el eventual reparto, incluso si supone no asistir a la necesidad urgente de una institución gobernada por el propio partido, como la autoridad autónoma de Ceuta.Según la agencia Efe, la Vicepresidencia y Consejería de Desregulación, Servicios Sociales y Familia, cuyo titular es el presidente del Grupo Parlamentario de Vox en la Asamblea de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ha asegurado que la Junta de Extremadura no se hará cargo de migrantes llegados de esa ciudad."Una invasión tolerada"El presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, mantiene la misma cautela que Guardiola y ha evitado pronunciarse sobre la posibilidad de participar en el reparto, aunque su socio de Vox, vicepresidente segundo y consejero de Turismo, Justicia, Desregulación y Administración Local, Manuel Gavira, calificó el pasado domingo la llegada de migrantes a través del Tarajal como "una invasión alentada por Marruecos y tolerada por el Gobierno de Pedro Sánchez". Andalucía figura entre las comunidades cuyos acuerdos de gobierno del PP con Vox incorporan ese compromiso expreso de rechazar los mecanismos de reparto de menores migrantes.En País Valencià, fuentes del Ejecutivo de Juanfran Pérez Llorca aseguran a Público que no han recibido, por el momento, ninguna comunicación oficial del Gobierno sobre un eventual reparto. Sin embargo, el portavoz del Consell, Miguel Barrachina, insinuó hace dos días que en la comunidad "ya no caben más", aunque asegurando acto seguido que la acogida supondrá "desembolsos adicionales de recursos de todos los valencianos y de todos los españoles para costear los gastos sociales, sanitarios y educativos para los que no existe ninguna planificación".En Madrid, la consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, Ana Dávila, aseguró el pasado lunes que el Ejecutivo regional no asumirá la llegada de más menores mientras el Gobierno central no resuelva el, a su juicio, problema del control migratorio. Durante una entrevista en Telemadrid, Dávila negó que el Ejecutivo de Sánchez hubiera contactado con ellos y adelantó el relato que al día siguiente desgranó Miguel Tellado: pretende que las autonomías "asuman las incompetencias del Gobierno" y Madrid no está dispuesta a hacerlo. PublicidadLa Xunta de Galicia, presidida por Alfonso Rueda, tampoco ha confirmado que vaya a participar en la distribución de menores y ha cargado contra la gestión del Ejecutivo central. Fuentes de la Consellería de Política Social señalaron a Público que "la política migratoria debe hacerse desde el consenso, la coordinación y la regulación". "La incapacidad del Gobierno central para gestionar sus competencias e impulsar una política migratoria ordenada está derivando en una crisis sin precedentes. Y lo que no puede pretender es que sean las comunidades autónomas las que solucionen siempre el problema", añaden. Las mismas fuentes aseguran que la última comunicación recibida desde el Ejecutivo sobre menores migrantes no acompañados fue para informar "del recorte de un 82% en la financiación" de las acogidas."¡El dinero de los españoles, para los españoles!"En Aragón, el presidente Jorge Azcón tampoco ha hecho pública su opinión, aunque desde la Vicepresidencia que dirige Alejandro Nolasco (Vox) remitieron directamente a Público al mensaje difundido por la dirección estatal del partido en redes sociales cuando se les preguntó por su posición. En ese tuit se afirma: "Los ha enviado [a los migrantes] a Ceuta Marruecos en un acto de guerra sin precedentes, con la sumisión de Sánchez, que no protege nuestras fronteras. Los falsos menas, deportados; y los niños, a casa con sus padres. ¡El dinero de los españoles, para los españoles!". Posteriormente, el Gobierno de Aragón rechazó participar en el reparto y ha anunciado, informa Efe, que utilizará "todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos" a su alcance para oponerse a cualquier decisión que considere una vulneración de sus competencias o que comprometa la capacidad de sus servicios públicos. El Ejecutivo autonómico sostiene que el Gobierno "vuelve a pretender resolver una crisis provocada por su fracaso en política migratoria mediante un reparto obligatorio" y afirma que Sánchez "no puede perder el control de la frontera y repartir después su incompetencia entre las comunidades autónomas".PublicidadFrente a ese rechazo, el Ejecutivo central ha comenzado a desplegar los mecanismos extraordinarios para responder a la situación. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció una dotación adicional de 25 millones de euros para la atención de los menores migrantes en Ceuta. Preguntado por Público sobre si esos fondos servirán también para financiar a las comunidades autónomas que participen en la acogida, su departamento se limitó a señalar que esa cuestión corresponde al Ministerio de Juventud e Infancia, y evitó valorar que los pactos de gobierno entre el PP y Vox en varias comunidades prohíban expresamente esa medida.El Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, sí confirmó a este diario que transferirá esos 25 millones de euros a la ciudad autónoma para atender la situación de emergencia y que ya ha habilitado, junto al Ministerio de Educación, dos centros educativos para la atención de los menores, especialmente de las niñas. Asimismo, explicó que desde finales de julio mantiene una coordinación permanente con el Gobierno ceutí y con el resto de administraciones para garantizar la protección de los niños, niñas y adolescentes migrantes, y que la ministra viajará a la ciudad en los próximos días para supervisar la activación de esos recursos.El departamento de Rego recordó además que la respuesta prevista por el Ejecutivo pasa por el despliegue íntegro del artículo 35 de la Ley de Extranjería, que contempla "la acogida "vinculante y solidaria" por parte del conjunto de las comunidades autónomas cuando exista una situación de contingencia migratoria extraordinaria", como la que afecta a Ceuta desde agosto del pasado año. Y asegura que "todas las comunidades van a cumplir con la Ley, sin excepción". La citada norma también prevé convenios con organizaciones dedicadas a la protección de menores y la reagrupación familiar cuando concurran las condiciones necesarias para garantizar el interés superior del menor.