La mayoría de los más de 70.000 inmigrantes irregulares que accedieron en avalancha a Ceuta la semana pasada han regresado a Marruecos, pero el caos sin precedentes que se vivió en la frontera sur tendrá múltiples consecuencias. Uno de los desafíos más urgentes es la acogida de los 862 menores migrantes que esperan a ser reubicados ante el colapso de los centros asistenciales de la ciudad autónoma. Este martes, la ministra de Juventud e Infancia, Elma Saiz, ha anunciado la puesta en marcha de una dotación de 25 millones de euros y la activación de la ley de extranjería para desplazar a estos jóvenes por el resto de comunidades autónomas. Es un escenario que las regiones, en su mayoría gobernadas por el Partido Popular, temen desde hace días y que amenaza con poner a prueba los pactos que los de Feijóo firmaron con Vox para gobernar en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía. Por ahora no ha habido disenso alguno, ni en público ni en privado, entre los dos partidos de la derecha, aunque Génova ha optado por la ambigüedad para referirse a esta cuestión e insiste en que el bienestar de estos menores debe ser "responsabilidad" del Gobierno, al que culpa de la grave "crisis para la seguridad nacional" que se ha producido en Ceuta. El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha evitado responder de forma clara si las comunidades en las que gobierna acogerán o no los menores procedentes de Ceuta o si, por el contrario y como defiende Vox, darán la batalla. "Esto no tiene que ver con una crisis migratoria, sino con un problema para la seguridad nacional", justificó el número dos del PP durante una intervención ante los medios en Vitoria. Hay que recordar que Ceuta se encuentra en una situación de contingencia migratoria extraordinaria con una sobreocupación cercana al 3.000% de su capacidad. TE PUEDE INTERESAR "Esto no tiene nada que ver con situaciones anteriores, es una cuestión francamente distinta y diferente", defendió Tellado, que señaló que "el Gobierno de España es el que tiene que garantizar la seguridad de la ciudad autónoma de Ceuta y que aquellos que entraron de forma ilegal, vuelvan por donde han venido". En la dirección del PP justifican esa ambigüedad en la negativa a querer pasar de pantalla y que el foco de responsabilidad se sitúe ahora sobre sus ejecutivos autonómicos cuando la normalidad, defienden, aún no se ha reestablecido en la ciudad autónoma ni tampoco se han depurado responsabilidades políticas. El dirigente popular deslizó no obstante su oposición a la intención de activar el mecanismo vinculante de solidaridad entre todas las regiones, una modificación a la que tanto PP como Vox se opusieron en el Congreso y recurrieron en los tribunales. "El que ha generado el problema es el que debe resolverlo", señaló. En la misma línea se expresó poco después la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y responsable de la política migratoria del PP, Alma Ezcurra, que también fue preguntada en hasta cinco ocasiones en La Sexta por si las comunidades del PP acogerán a los menores que disponga el Gobierno a través de la ley estatal. La dirigente afirmó que sus gobiernos autonómicos "siempre van a cumplir la ley y van a estar al lado de los ceutíes", pero al mismo tiempo precisó que su partido no está dispuesto a "aceptar las consecuencias de la irresponsabilidad del Gobierno". Ezcurra denunció además que el Ministerio de Juventud e Infancia no haya ofrecido aún datos concretos respecto al número de menores migrantes que se encuentran en estos momentos en Ceuta ni de cuántos tendrían que ser realojados en otras comunidades autónomas. "El Gobierno al completo tiene que volver de vacaciones", señaló, al tiempo que reivindicó que es el Ejecutivo y no las comunidades el que debe hacerse "responsable de la crisis", sin aclarar la respuesta de los gobiernos PP-Vox a la reubicación de los jóvenes migrantes procedentes de Ceuta. "Son muchas las cosas que se tienen que hablar y discutir", señaló. TE PUEDE INTERESAR Hay que recordar que, salvo en Andalucía, Vox cuenta con las competencias migratorias en las comunidades en las que gobierna junto al PP, incluyendo potestad de decisión sobre la distribución de los menores no acompañados. Y en el partido de Abascal advierten desde hace días que utilizarán todos los mecanismos a su alcance, administrativos y jurídicos, para evitar que se produzcan esos nuevos traslados. Feijóo y Abascal han alineado su discurso y su respuesta a lo largo de toda la crisis. Ambos han hablado en todo momento de "invasión" migratoria, ambos se han trasladado personalmente a Ceuta para seguir de primera mano la situación y ambos llevan días cargando con dureza contra el Gobierno por su "negligencia" y su reacción "pusilánime" ante el desafío migratorio. Este martes, Génova ha elevado un poco más su crítica al exigir la "depuración de responsabilidades" y el cese tanto de Fernando Grande-Marlaska como de Margarita Robles porque "no han estado a la altura" de la crisis, ni en la prevención ni en la respuesta. También han impulsado una ofensiva tanto en el Parlamento como en Bruselas para denunciar la "inacción" del Gobierno, que "ha puesto en peligro la soberanía nacional". Y han registrado además una solicitud de comparecencia en comisión del director de gabinete de Sánchez para que explique el cese de la jefa de prensa de Seguridad Nacional por informar de la entrada irregular de miles de inmigrantes, además de otras preguntas escritas y orales formuladas al Ejecutivo. La mayoría de los más de 70.000 inmigrantes irregulares que accedieron en avalancha a Ceuta la semana pasada han regresado a Marruecos, pero el caos sin precedentes que se vivió en la frontera sur tendrá múltiples consecuencias. Uno de los desafíos más urgentes es la acogida de los 862 menores migrantes que esperan a ser reubicados ante el colapso de los centros asistenciales de la ciudad autónoma. Este martes, la ministra de Juventud e Infancia, Elma Saiz, ha anunciado la puesta en marcha de una dotación de 25 millones de euros y la activación de la ley de extranjería para desplazar a estos jóvenes por el resto de comunidades autónomas.