Nada más adecuado que este título de la gran película franco-canadiense, dirigida por Denys Arcand en 2003, para describir la forma en que valoran los gobiernos más a la derecha de la Unión Europea el fenómeno migratorio. Así lo hemos visto en relación con la súbita crisis de la entrada (y salida) de miles de africanos de la ciudad española autónoma de Ceuta. Los gobiernos más conservadores de la Unión, liderados por el italiano, aprovecharon hipócritamente el episodio de Ceuta para proponer interrumpir el espacio Schengen con España, espacio al que, por cierto, no pertenece Ceuta. Lo que había en el fondo de la posición de esos gobiernos es una política de oposición oportunista de lo que significa la inmigración, porque el progreso económico de los países de la Unión Europea sería sencillamente imposible sin la entrada de extranjeros en ellos de forma continuada. El origen de esa dinámica es la baja fertilidad en Europa y el consiguiente envejecimiento de su población. España es un ejemplo de ello. La relación de natalidad es hoy, según señala De Miguel, de 1,1 hijos por mujer. Una de las tasas de fecundidad más bajas del mundo (las tasas altas de fecundidad se concentran en África). Por esa razón, la inmigración es especialmente necesaria en España: uno de cada cinco residentes ha nacido fuera de nuestro país. De ahí que el Gobierno haya decidido regularizar a los cientos de miles de inmigrantes que viven y trabajan en España, y cuya situación irregular no tiene sentido. Su regulación no les convierte en ciudadanos y ciudadanas europeos, pero les permitirá residir con arreglo a la ley. Decir que eso influirá en las sociedades europeas es falso, y solo sirve para hacer demagogia xenófoba, que solo perjudica a los europeos. La exagerada actitud expuesta por la mayoría de gobiernos europeos ante la inevitable regularización española se extiende a comparar absurdamente a Europa con África. Solo un 3% de la población africana vive fuera de su país de origen, contra el 8,5% de los europeos. Por eso Europa necesita una alta inmigración. Por poner un ejemplo, Francia deberá acoger entre 250.000 y 310.000 extranjeros por año en el horizonte de 2040-2050 (datos del centro de reflexión Terra Nova). Sin inmigración, la economía europea se paraliza, en un contexto de baja natalidad y envejecimiento. Decir lo contrario es irracional, unido a la realidad del aumento de la esperanza de vida. Por esa razón, la teoría del “gran reemplazo” o la “gran invasión”, alimentada por la derecha, aparte de ser muy antigua, (Barrés, Latour), tiene una fundamentación racista. Jean-Marie Le Pen ya habló sobre la “desigualdad de razas”.La población española, debido en buena medida a la inmigración, ha crecido desde 40 millones de habitantes en 1999 a 50 millones aproximadamente hoy. Entre 2002 y 2026 los inmigrantes no nacidos en España han pasado del 6% al 20% de los residentes (Oliver Alonso). Y la creación de empleo es mayor por extranjeros que por españoles. Es un desarrollo estructural, aunque probablemente el crecimiento en inmigrantes no sea suficiente para el descenso demográfico interno, ni para la imprescindible cualificación laboral, aún baja.Criticar y oponerse a la inmigración, como hacen algunos gobiernos de la Unión Europea, es un disparate económico. En el mercado mundializado de los talentos, el 75% de los empleadores en el planeta dicen tener dificultades para reclutar mano de obra. La inmigración, como apunta Violaine Jaussaud, es más estratégica hoy. Las dinámicas migratorias han sostenido nítidamente el empleo desde 2019 en tres de las principales economías europeas —Alemania, España e Italia— según una nota de coyuntura internacional de L´Insee (diciembre 2025). Por eso, las migraciones económicas en los países de la OCDE son estructurales.Es cierto que el debilitamiento de los servicios públicos o la dificultad de acceso a algo tan trascendental como es la vivienda hace que gran parte de las clases medias y populares vean en los extranjeros los culpables de esa situación. Ahí se nutre derecha y extrema derecha de su discurso sobre la “prioridad nacional” y dificulta el discurso social de la izquierda.Según señala Mouhoub Mouhud, las sociedades muy homogéneas son más productivas a corto plazo, pero menos innovativas y menos aptas a pasar de un paradigma tecnológico a otro. Las sociedades más diversificadas – con mayor presencia de inmigrantes – son más innovativas a largo plazo. Son más propicias a la adaptación. El economista americano Giovanni Peri confirma que los inmigrantes hacen, a la vez, aumentar el número de patentes, la innovación y la productividad. La diversidad reduce la aversión al riesgo. Todo lo anterior pone de relieve que la naturaleza de “invasión” que los gobiernos europeos de derecha atribuyen a las migraciones no sólo no tiene fundamento real, sino que se equivoca en la forma de analizar la etiología de la “temida” o “inasimilable” inmigración. El verdadero peligro del discurso del “gran reemplazo” es la división que provoca o puede provocar en las clases trabajadoras, atemorizadas por la pérdida de conquistas sociales a causa de la entrada masiva de inmigrantes. Es lo que Karl Marx llamó en 1847 el “ejército de reserva” como uno de los elementos hostiles del propio proletariado, que lo dividía y permitía al empresario bajar los salarios. La ofensiva contra el acceso de los trabajadores extranjeros a los beneficios del Estado de Bienestar emerge en 1980 en el seno de la derecha radical europea (Anne Chemin). Es lo que Vox y el PP llaman “prioridad nacional”, para referirse a los servicios públicos, al empleo o a la vivienda. Es el “chauvinismo del Estado de bienestar” defendido por la extrema derecha en Europa. Pero es precisamente la construcción del Estado de Bienestar la que ha contribuido a la integración de los inmigrantes.El proceso migratorio español no ha sido una “invasión de los bárbaros”. Ha hecho crecer la economía, ha hecho aumentar los ingresos fiscales, y se ha integrado en el mercado de trabajo. Y, desde luego, no ha atacado la identidad española, ni la ha sustituido por otra diferente. Tampoco ha supuesto una amenaza a la identidad nacional, o cultural, o religiosa de nuestro país en algunos sectores, y es hasta congruente con la doctrina de la Iglesia católica y del Papa León XIV.Hay una última protección a la inmigración en España. Se trata de los derechos constitucionales, de la Carta de Derechos de la Unión Europea y del Convenio Europeo de los Derechos Humanos.Nada tiene que ver todo esto con una suerte de “invasión bárbara”.