0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialUna violación de la integridad territorial de un Estado no es una tontería. El Gobierno la ha atribuido a las mafias. Pero la complicidad de toda o parte de la Administración marroquí en los acontecimientos de Ceuta es algo que ni el más bienaventurado cuestiona. Una operación de guerra híbrida desarrollada en la zona gris, dicen algunos entendidos. Agresiones de difícil atribución, imposibles de achacar con total seguridad a un responsable concreto a pesar de las sospechas. Se desarrollan en contextos en los que, sin existir un conflicto abierto y reconocido entre las partes, tampoco es posible hablar de normalidad.Si este es el trasfondo real de la operación, Marruecos habría conseguido sus objetivos. Ha situado en el mundo la narrativa de que Ceuta y Melilla son enclaves coloniales que España mantiene en su territorio en pleno siglo XXI. Y lo ha hecho al tiempo que ha trasladado a la política y a la opinión pública españolas nuevos elementos de división y polarización.El señalamiento entre el Ministerio del Interior y el de Defensa a cuenta de lo que se sabía o no es sonrojanteAnte la violación de la integridad territorial de un Estado, los países tienden a cohesionarse frente a la agresión venida del exterior. En España ha sucedido lo contrario. Lo mismo en el ámbito europeo, a pesar de los hipócritas esfuerzos por mantener oficialmente una apariencia de unidad y solidaridad con España. Cada país de la Unión ha aprovechado la catástrofe ceutí para hacer política doméstica. Más o menos como viene haciendo el presidente español continuamente a cuenta de las políticas migratorias de otros países.Nada es gratis. Así que es cierto que Marruecos paga también un precio. Traslada la imagen de un país tercermundista del que su gente aspira a huir a cualquier precio. Pero no es una factura muy abultada para una monarquía que lo que tiene son súbditos, no ciudadanos. En todo caso, el vecino del sur ha consolidado una posición diferente a la de partida en su reivindicación sobre las dos ciudades españolas que para ellos no son más que colonias que algún día recuperarán, tal y como explican en sus escuelas. EFEMarruecos, queriendo o no, también ha enviado un recordatorio al club comunitario, tendente a considerar de segunda las fronteras del sur en favor de las del este, dada la preponderancia de la amenaza rusa. Los hechos de Ceuta sirven pues de aviso. Si solo con marroquíes ya se puede organizar una crisis como la vivida, imaginen lo que podría ocurrir si algún día Marruecos dejara de ser un tapón, más o menos efectivo, con la presión inmigratoria procedente del Sahel. Sin olvidar la complejidad de las relaciones entre Marruecos y España, también con la UE, repletas de intereses cruzados que abarcan todos los aspectos –económico, social, político y geopolítico, etcétera–, no debiera renunciarse a determinar qué ha pasado en España y por qué tanta falta de previsión. Porque si Marruecos viene saliéndose con la suya, es lógico pensar que algo o mucho se está haciendo mal aquí. Y siendo esto así, dada la gravedad de los últimos acontecimientos, es razonable pensar que alguna que otra responsabilidad debiera asumirse en forma de dimisiones o ceses.No es de recibo que el Gobierno pretenda sacar pecho por el hecho de que la gran mayoría de los más de sesenta mil marroquíes que cruzaron la frontera hayan regresado a su país. La eficacia de un ejecutivo se mide principalmente por las crisis que es capaz de anticipar y evitar. No por los parches que logra colocar a posteriori, cuando ya no queda otra que achicar agua con la mayor diligencia posible. Esto es así en todos los ámbitos, pero aún más ante algo tan sensible como la defensa de las fronteras y la protección de sus ciudadanos, algo que en Ceuta no sucedió.El señalamiento, directo o indirecto, explícito o implícito, entre el Ministerio del Interior y el de Defensa a cuenta de lo que se sabía y lo que no con anterioridad a los hechos, información clave para actuar con antelación y minimizarlos, es sonrojante. Fernando Grande-Marlaska, titular de Interior, y Margarita Robles, de Defensa, no pueden llevar razón a la vez. O los servicios de inteligencia aportaron información suficiente y de calidad o no lo hicieron. Y dependiendo de la respuesta, las responsabilidades apuntan hacia uno u otro lugar. Pero en España ya no se paga precio alguno por hacer las cosas mal. Lo que debilita forzosamente el incentivo para hacerlas mejor. Y esto último sí tiene un claro responsable: el presidente del Gobierno.