0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialLa crisis migratoria que ha estallado de nuevo en Ceuta, esta vez con un aluvión de más de 40.000 personas según las primeras estimaciones, y ya con una veintena de fallecidos, “tiene su origen en una interpretación de la decisión del Tribunal Supremo, que prohíbe las devoluciones de personas que acceden a nado, que ha sido instrumentalizada por las mafias y las organizaciones criminales para aprovecharse de la situación de extrema vulnerabilidad de las personas migrantes”.Así lo han corroborado en el Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, desde donde han subrayado que “la relación con Marruecos es excelente y la coordinación en migración y otros ámbitos sigue siendo muy intensa”. De hecho, han esgrimido como ejemplo de esta buena cooperación bilateral que “ambos países han acordado mecanismos de devolución de los migrantes que han cruzado ilegalmente la frontera”.Los gobiernos de España y de Marruecos, según han asegurado desde Exteriores, “están en contacto permanente a todos los niveles para reforzar aún más la coordinación intensa y fructífera, para encauzar y solventar así la situación en Ceuta”. El propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya está sobre el terreno para afrontar esta grave crisis, en coordinación también con el gobierno de la ciudad autónoma que dirige Juan Jesús Vivas.Fuentes del Ejecutivo han advertido, en todo caso, de que “esta crisis en Ceuta no tiene nada que ver con la regularización extraordinaria de migrantes aprobada por el Gobierno, como falsamente se está diciendo desde alguna instancia”. “Es falso que ninguna persona que haya cruzado en estos días la frontera pueda acogerse a este proceso, ya que este exige unos requisitos muy definidos, como acreditar la residencia en España antes del 1 de enero del 2026 y haber permanecido en España durante cinco meses continuados en el momento de presentar la solicitud”, han recalcado.Desde el Ministerio de Asuntos Exteriores han advertido, al tiempo, de que “esta crisis migratoria no es la primera y no será la última en Europa”. “El Gobierno de España aboga por una gestión eficiente de estos procesos, con respeto a la legalidad española, europea, internacional y a los derechos humanos”, han defendido. En este sentido, en el Ejecutivo han agradecido “la solidaridad europea, que ha contado siempre con España para afrontar fenómenos de este tipo cuando han afectado a otros países”. Pero también han rechazado, con contundencia, “el uso demagógico y partidista de situaciones como la que vivimos”, ante la ofensiva política que ya han desplegado tanto el Partido Popular como la ultraderecha de Vox.Madrid, 1966. Redactor de La Vanguardia en Madrid desde 1997