0:000:00El audio de esta noticia está generado mediante Inteligencia ArtificialLa justicia, a medio gas en agosto, ha dado una tregua al Gobierno de Pedro Sánchez con los casos de corrupción y la irrupción de la crisis de Ceuta por la entrada de más de 70.000 personas procedentes de Marruecos ha devuelto los focos a la inmigración, con un impacto visible en el bloque de la derecha. De momento, el PP y Vox, haciendo equilibrios, consiguen mostrar más alineamiento que nunca al cumplir los cien días de coalición en Extremadura y Aragón –los dos primeros de los cuatro gobiernos formados en el último ciclo– y han esquivado cualquier roce. En estos dos territorios Vox está desplegando medidas de rechazo a la inmigración a pleno rendimiento –desde la supresión de pagas a los menores (Aragón) a la presentación de recursos ante la justicia contra la acogida de menores (Extremadura)–, aunque, sin levantar, de momento, disonancias con sus socios.Ambos partidos han situado en el centro de su estrategia, con diferencias en el tono y la intensidad, señalar al Gobierno para que use mecanismos legales para devolver a los menores migrantes a Marruecos en lugar de repartirlos a la comunidades autónomas. Tanto PP como Vox prevén que el Gobierno tratará de usar a los menores como arma para dividir a sus gobiernos, aunque eso pueda debilitar aun más al bloque de la investidura dado que Junts y PNV se han alineado con el discurso del bloque de la derecha. Los posconvergentes, con más énfasis, han registrado una ofensiva parlamentaria contra el Gobierno para conocer con detalle qué ocurrió en Ceuta y han rechazado que Catalunya entre en un supuesto reparto. Los nacionalistas vascos exigen el retorno de los menores a su país de origen.En la sala de máquinas del PP han recibido con buena impresión la postura conciliadora de Vox pese a que el escenario político podía envenenarse porque es una situación calcada a la de julio del 2024, cuando se rompieron los gobiernos autonómicos precisamente por la misma cuestión. Los equilibrios de ambas formaciones están permitiendo alejar la amenaza de ruptura. Públicamente, Vox ya ha dicho que no va a romper porque, a su juicio, la situación es distinta a la del 2024 porque ahora el reparto de menores es potestad del Gobierno y, por tanto, no se puede culpar al PP.Los socios muestran sintonía a los cien días de ejecutivos en Extremadura y Aragón y descartan la rupturaAmbas formaciones ya han asegurado que van a cumplir la ley –aunque eso se traduce, a juicio de ambos, en el retorno de los 1.342 menores contabilizados hasta la fecha por el Gobierno– y apelan a un tratado del 2007 con Marruecos para tramitar la devolución. De momento, ninguno de los dos ha aceptado que si el Gobierno decreta un reparto territorial de los menores vaya a acogerlos. No obstante, implícitamente lo asumen al asegurar que van a cumplir con la ley.Más allá de estos puntos en común –cumplimiento de la legalidad y apelación al tratado de 2007, una regulación que pende del artículo 35 de la ley de Extranjería–, también hay diferencias de intensidad a la hora de dirigirse al Gobierno. En este sentido, Vox ha ido mucho más allá que el PP. Los consejeros autonómicos con competencias en la atención de menores de Extremadura, Aragón y Castilla y León –todos de Santiago Abascal– ya han anunciado que no acudirán a la conferencia sectorial del jueves convocada por el Ejecutivo para tratar la cuestión de los menores migrantes. Fuentes consultadas por La Vanguardia de los tres gobiernos señalan que es una postura compartida con el PP. “No hay disenso”, dicen. En cambio, sí es posible que las autonomías en que el PP gobierna solo vayan a la reunión, según fuentes regionales.Miles de ceutíes se manifestaron este domingo bajo el lema “Basta ya. Ceuta no se rinde” para reclamar una respuesta ante la crisis migratoria. Reduan Dris / EFEVox también está preparando una amplia estrategia jurídica. Por un lado, los consejeros autonómicos ya han anunciado que impugnarán judicialmente todos los expedientes individuales de cada menor migrante que no acabe en su retorno a Marruecos.Vox activa una vía penal contra Sánchez y tienta a PP y Junts para una mayoría en materia migratoriaPor otro lado, Vox pretende activar el artículo 102 de la Constitución para que el Tribunal Supremo abra una investigación penal contra Pedro Sánchez por la gestión de la crisis de Ceuta. No obstante, para poder llevar la iniciativa al pleno del Congreso, Vox necesita el apoyo de 88 diputados –tiene 33– y mayoría absoluta –176– para aprobarla. El PP no se ha pronunciado al respecto, mientras que parece difícil que Junts se preste a dar el respaldo pese a la presión que ejerce Aliança Catalana en Catalunya.Con la crisis de Ceuta y la inmigración en el centro del debate, los dos partidos esperan que a partir de septiembre pueda abrirse una nueva puerta de entendimiento en la mayoría alternativa formada por PP, Vox y Junts .