En cuanto se supo lo que estaba pasando en Ceuta, la mayoría de la derecha española, política y mediática, se lanzó a la yugular del Gobierno. Es ya casi un reflejo, una suerte de resorte automático que tienen instalado al menos desde que el PP perdió la Moncloa en 2018. Cualquiera diría que es rencor, pero me temo que es algo más simple: la arraigada convicción de que gobernar España les corresponde por naturaleza y de que cualquier otro inquilino es una anomalía que conviene corregir cuanto antes. Criticar al Gobierno es legítimo siempre, pero es muy cuestionable cuando se hace sin haberse formulado antes ni una sola pregunta sobre lo que se tiene delante.
Nos quejamos mucho de la derecha española, pero es que la derecha europea tampoco quiso levantar la vista. Italia impuso controles temporales a los viajes procedentes de España, varios ministros de interior ordenaron reforzar los pasos de la frontera común y otros cuantos países pidieron que se suspendiera la participación española en Schengen. Todo ello a propósito de un territorio del que los nacionales de terceros países no pueden salir hacia la Península —ni, por tanto, hacia el resto del espacio Schengen— sin control de identidad y visado. Es decir: se montó un gran escándalo contra un desplazamiento que, por definición, no podía producirse. Realmente absurdo, pero al mismo tiempo sintomático de la profunda herida del proyecto europeo.
