Pluma invitadaEn un momento en que el costo de los combustibles y otros gastos presiona el presupuesto familiar, cualquier reducción puede ofrecer un respiro.
Durante sus primeros años vi el Impuesto Único Sobre Inmuebles (IUSI) con buenos ojos. Su estructura parecía sostenerse sobre un principio razonable: destinar el 70 % de lo recaudado a inversión y el 30 % al funcionamiento municipal. Era una fórmula que permitía transformar el aporte de los propietarios en calles, drenajes, alumbrado y otras obras visibles dentro de sus comunidades.
También resultaba positivo que los Consejos Comunitarios de Desarrollo tuvieran un asiento en las mesas donde se discutía el presupuesto de inversión de sus sectores. En teoría, el impuesto cerraba un círculo virtuoso: el vecino contribuía, la municipalidad administraba y la comunidad participaba en la definición de las obras.
Durante mucho tiempo, además, los valores inscritos de muchas propiedades permanecieron relativamente bajos. Por ello, las tasas de 3, 6 y 9 por millar no representaban una carga desproporcionada para la mayoría de los contribuyentes. El mecanismo conservaba cierto equilibrio entre la capacidad de pago, el valor registrado y el beneficio esperado.
