Al granoUna de las muestras menos equívocas de la capacidad económica de una persona se refleja en sus propiedades inmobiliarias. Hay que enfocarse en eso para lograr la justicia tributaria.
En el debate legislativo actual sobre la reducción del impuesto único sobre inmuebles (IUSI) y la creación de nuevas exenciones, conviene hacer una pausa técnica. Antes de modificar las tasas, es conveniente abordar por qué este tributo ha dejado de funcionar como debería y por qué una reforma superficial podría ser contraproducente tanto para las finanzas públicas como para la prosperidad social.
Es una verdad de Perogrullo que todo gobierno, especialmente los locales, necesitan ingresos estables para proveer servicios. El impuesto territorial se presenta de cara a ese propósito, como una herramienta eficiente: la propiedad de bienes raíces denota una cierta capacidad económica que, en general, se considera justificativa de una carga impositiva proporcional.
Sin embargo, en Guatemala hemos permitido que, durante cuatro décadas, crezca una «bola de nieve» que tiene que detenerse antes de que distorsione todavía más los mercados inmobiliarios. El problema no ha sido una combinación de un tipo impositivo inconexo con la base imponible, porque una porción excesiva de los activos inmobiliarios no están registrados ni se negocia a sus valores de mercado.
