3 de agosto, 2026 - 06h00El incremento de las tarifas del transporte público siempre genera cuestionamientos por la falta de mejoramiento del servicio, de ofrecer seguridad en los viajes y la necesidad de tomar los urgentes correctivos en beneficio de los usuarios, que se ven impotentes frente a la necesidad de usarlo diariamente. Ya en Quito hubo la decisión de aumentarles cinco centavos a partir del próximo año, con cálculo frente a las elecciones seccionales del próximo 29 de noviembre, pero mientras tanto este año se resolvió darles una compensación mensual sin beneficio de inventario. Solo complacencia a los dirigentes del transporte. A lo mejor hay necesidad de incrementar las tarifas aún más, que han estado represadas, pero a cambio de qué y si se compara con el servicio que prestan y que no mejora sino que son simples ofrecimientos que no se cumplen. Solo basta medir y evaluarlos y determinar con parámetros objetivos y procesar los datos, que no son nuevos sino que han sido incumplidos. No se trata solo de aceptarles promesas y ofrecimientos sino de hacerles mediciones concretas. Según se ha difundido públicamente, el aumento es a nivel nacional, del transporte interprovincial e intercantonal, aprobado por el Directorio de la Agencia Nacional de Tránsito, el 25 de julio último, con un ajuste tarifario del 25 %, mediante la Resolución 020-DIR-2026-ANT. La medida aplica un factor de ajuste tarifario único del 25 % sobre la estructura de costos operativos y reemplaza los valores regulados en años anteriores. La normativa ratifica que la tarifa preferencial para adultos mayores, niños y personas con discapacidad equivale al 50 % del pasaje regular, pero no siempre se cumple. Los justificativos: como no hay puestos, cuando hay demanda, disponemos de la misma ruta, pero con un viaje extra, pero ya no se vende con el descuento de la tercera edad; al contrario, con un recargo, según el destino. ¿En qué parte de la ley les ampara eso?Si hay críticas al transporte urbano, qué decir del transporte interprovincial e intracantonal. Basta usar estos servicios para comprobarlo. No se trata solo de escuchar quejas, que es importante, sino vivir las experiencias para hablar con mayor propiedad. Primero, se mantienen abusos e inobservancia de la Ley de Transporte Terrestre. Denuncias que han sido presentadas, pero la corrupción, en la anterior administración, les llevó a la cárcel a sus directivos.Las normas de seguridad, que son de obligatorio cumplimiento porque de por medio está la vida de los pasajeros, tampoco se cumplen. El uso obligatorio de todos los usuarios de los cinturones de seguridad, que no debiera estar en discusión. Solo hay justificativos: no quieren utilizar cuando la tripulación debe exigir a todos su colocación. Algo similar a lo que ocurre cuando se viaja en avión cuando las azafatas recorren el pasillo para obligar a los pasajeros antes del despegue y en todos los vuelos. Qué decir de la violaciones de los límites de velocidad, los rebasamientos y las impericias de los conductores, que causan accidentes de tránsito, con víctimas de por medio. Más allá de las tarifas del transporte, el tema es cultural y pasa por el incumplimiento de las normas. (O)