Gran parte de la harina de pescado utilizada por las piscifactorías españolas procede de países extranjeros, donde la producción de los insumos de la acuicultura genera graves impactos sociales
Los mostradores de pescado vacíos. Así se encontraron los compradores que llegaron al Mercado de la Paz de Madrid en septiembre pasado. No se habían agotado las existencias. Estaban ante una campaña publicitaria organizada por Apromar, la asociación empresarial de acuicultura española, que quería que la población imaginara un país sin pescado de cultivo. “Los productos de mar podrían convertirse en un lujo al alcance de unos pocos”, advertían. Para después decir: “La verdadera fortuna es vivir en un país donde existe la acuicultura y se garantiza pescado para todos”.
El mensaje que querían transmitir es sencillo: los consumidores quieren más pescado, las poblaciones silvestres están al límite de la extracción y la piscicultura es la forma de satisfacer esa creciente demanda y de frenar el colapso de los océanos. La misma lógica: producir más para capturar menos, impulsa una industria acuícola mundial de 270.000 millones de euros, el sector alimentario de mayor crecimiento en el mundo. Hoy la mitad de los productos de mar procede de la acuicultura. Y España es el mayor productor de la Unión Europea en términos de volumen.
