Algunas de las transformaciones m�s profundas del Estado no han sido anunciadas. Muchas se han consolidado poco a poco, gracias a reformas parciales, excepciones administrativas y renuncias sucesivas hasta que un d�a el pa�s amanece funcionando conforme a una l�gica distinta de la que proclaman sus propias leyes. As� ha sucedido con la inmigraci�n irregular en Espa�a, para la que se ha construido, durante un cuarto de siglo, una arquitectura institucional que la asume como un peaje, una etapa m�s del itinerario del inmigrante en el pa�s, confiando su resoluci�n al arraigo o a regularizaciones extraordinarias seg�n sea el gusto del gobierno de turno. Hablar de p�rdida de control resulta demasiado generoso cuando nunca hemos ambicionado tenerlo y hemos optado, en su lugar, por la gesti�n de las consecuencias. As� lo ilustran los sucesos de Ceuta de esta semana.Tenemos pocas dudas de los ejes sobre los que girar� el debate sobre este episodio. Unos hablar�n de la destrucci�n de Espa�a, mientras que otros, acus�ndolos de racismo, invocar�n principios cuya legitimidad no se pueda discutir. Los interrogantes fundamentales, por su parte, quedar�n sueltos en el aire, sin que nadie los agarre. Pero si nos preguntamos c�mo hemos llegado hasta aqu�, encontraremos respuesta en la propia forma de plantear la conversaci�n sobre la inmigraci�n, que permite discutir cada episodio sin entrar a valorar el modelo que lo produce, que es lo que conviene examinar.D�as antes de los sucesos de Ceuta se debat�a si la regularizaci�n extraordinaria en marcha hab�a generado un efecto llamada. El error intelectual m�s frecuente consiste en buscar el este efecto en una regularizaci�n concreta o en una reforma puntual del Reglamento de Extranjer�a. Los sistemas institucionales no modifican el comportamiento mediante impulsos s�bitos, sino que van alterando las expectativas progresivamente.Durante d�cadas, Espa�a ha generado lo que se suele denominar dependencia de trayectoria. Quien decide emigrar no abre todos los d�as el Bolet�n Oficial del Estado para entender los pormenores de la regulaci�n, pero s� es testigo de las trayectorias de quienes llegaron antes. Saber si permanecieron, tuvieron acceso a derechos sociales, trabajaron, formaron una familia y finalmente se regularizaron pesa mucho m�s que cualquier modificaci�n legislativa aislada. La decisi�n de migrar se construye paulatinamente a partir de la informaci�n compartida por las propias redes migratorias, no nace de una decisi�n administrativa concreta.A esas se�ales se suma, adem�s, la que conscientemente emite el propio Gobierno, que lleva a�os manoseando la pol�tica migratoria al servicio de la reputaci�n que de s� mismo intenta vender fuera de Espa�a. Existe un efecto llamada sistem�tico, pero este no procede de un evento extraordinario, sino del sistema en su conjunto y de la legendaria tolerancia espa�ola con la irregularidad.Todo ello es especialmente relevante en el caso de la migraci�n marroqu�, la de mayor tradici�n en la sociedad espa�ola y la que cuenta con las redes m�s asentadas, las mismas que sostienen y retroalimentan los flujos. Se trata, al mismo tiempo, de uno de los grupos con mayores dificultades de incorporaci�n, con tasas muy bajas de actividad, persistentes tasas de pobreza y un nivel educativo de los m�s bajos entre los principales or�genes que recibimos. Y nada de ello ha mejorado con el paso de los a�os.Espa�a nunca ha desarrollado una pol�tica migratoria orientada a seleccionar, atraer y consolidar los perfiles que mejor responden a sus objetivos econ�micos, sociales y demogr�ficos. Su especialidad ha consistido, m�s bien, en absorber flujos espont�neamente y regularizarlos despu�s. Somos campeones europeos en volumen de entradas, no en dise�o institucional. A esa carencia se suma la dejaci�n de haber externalizado la gesti�n efectiva de la frontera sur a Marruecos. Como en cualquier actividad, externalizar un servicio solo funciona cuando ambas partes conf�an la una en la otra y comparten objetivos a largo plazo, y aqu� no se cumple ninguna de las dos condiciones.Cada vez es m�s evidente que con Rabat mantenemos una confrontaci�n soterrada de la que no se conocen todos los detalles, pero, adem�s, carecemos de una agenda com�n que vaya m�s all� de la coyuntura y la cortes�a diplom�tica. Marruecos est� dirigido por una �lite muy estable y estrat�gica que, con seguridad, tiene menos escr�pulos para planificar que los l�deres que seleccionan nuestros partidos. Delegar nuestra frontera en un socio como Marruecos evita hacerse cargo del trabajo sucio, pero nos deja expuestos a episodios inenarrables como el de esta semana, que no es m�s que la consecuencia previsible de nuestro propio modelo.Cuando la previsi�n se ha cumplido, nos hemos encontrado con que el Estado no ha sido capaz de garantizar la integridad de la frontera, ni la seguridad de los ceut�es, ni de dar una respuesta diplom�tica a la altura de lo que cualquier pa�s serio exigir�a a quien acaba de demostrar que le puede atacar sin coste alguno. Y son estas entradas en frontera, pese a su escaso peso cuantitativo en el conjunto de los flujos, las que m�s avivan la alarma ciudadana y retratan los fundamentos y las consecuencias del verdadero efecto llamada del modelo migratorio espa�ol.Ceuta simboliza el agotamiento de la ilusi�n de que pod�amos combinar una inmigraci�n extraordinariamente intensa, una infantil tolerancia con la irregularidad, una frontera parcialmente externalizada a un socio no alineado con nuestros intereses y una opini�n p�blica acostumbrada a convertir en juicios morales cualquier intento de elevar el perfil t�cnico del debate sobre inmigraci�n. Ning�n orden institucional soporta indefinidamente semejante acumulaci�n de contradicciones.Es cierto que el Gobierno actual no cre� este sistema, pero decidi� conscientemente profundizar en �l precisamente cuando los servicios p�blicos est�n m�s tensionados, la vivienda es m�s inaccesible, y el auge del populismo exige una discusi�n mucho m�s rigurosa. Como argumento defensivo de su falta de planificaci�n y de sus excesos en materia de inmigraci�n, adem�s, ha ahondado en la presentaci�n de un problema institucional como uno moral, dibuj�ndose como el �ltimo valedor europeo del humanismo, cuando en realidad sus acciones (e inacciones) son combustible para el populismo que por un lado le sostiene, y por el otro le alimenta.Por ello, hoy cualquiera que plantee la idoneidad de su modelo es sospechoso de xenofobia o, incluso, de racismo. M�s preocupante que la existencia de posiciones extremas sobre inmigraci�n resulta que sea el propio funcionamiento del Estado el que les proporcione, episodio tras episodio, las im�genes y los argumentos con los que nutrirse. Es as� como la cohesi�n social, que rara vez se rompe de golpe, se va erosionando, mermando credibilidad en las instituciones y agotando las reglas que antes se percib�an como comunes.En el fondo de este deterioro late la confusi�n entre una pol�tica guiada por convicciones morales y una pol�tica sustituida por ellas. La primera se esfuerza en traducir determinados principios en instituciones eficaces y sostenibles, mientras que la segunda da por hecho que basta con invocarlos para que las instituciones resulten innecesarias. Espa�a lleva casi una d�cada instalada en esta �ltima tradici�n, entregada a un cierto quijotismo moral que ha reemplazado el an�lisis de los incentivos y el dise�o institucional por la fantas�a de que las buenas intenciones producen, por s� solas, buenos resultados.Las sociedades abiertas no se deterioran por discutir sobre inmigraci�n, sino por renunciar a gobernarla. Una democracia puede sobrevivir a una mala pol�tica migratoria, pero lo que dif�cilmente soportar� es la imposibilidad de discutir racionalmente cualquier cosa.H�ctor Cebolla es investigador cient�fico en el Instituto de Econom�a, Geograf�a y Demograf�a del CSIC. Mar�a Miyar es directora de Estudios Sociales de Funcas y profesora de Sociolog�a de la UNED