Aún no se había declarado uno de los mayores desastres forestales de la historia de España y ni Madrid ni Ávila ardían todavía, cuando los bomberos advirtieron de las precarias condiciones con las que, un verano más, afrontaban la temporada de incendios. “Está todo preparado para que con una ola de calor se inicie el fuego. La situación meteorológica no descansa, pero gran parte de las comunidades siguen improvisando sus operativos a última hora”, alertaban ya el pasado 23 de junio. No era una advertencia aislada, sino el reflejo de un problema que el sector, responsable de apagar incendios cada vez más voraces y rápidos, arrastra desde hace años.
La disparidad entre autonomías en lo que a cuerpos de bomberos forestales se refiere dibuja un mapa desigual al que es difícil seguir el rastro, pero muchos territorios comparten denuncias comunes: desde la falta de recursos y plantillas insuficientes a contratos temporales, bajos salarios y una prevención que, lamentan, sigue relegada a un segundo plano. Eso a pesar de que los bomberos cuentan desde noviembre de 2024 con una ley específica que busca unificar condiciones laborales y operativas y que, denuncian los sindicatos, no se cumple como debería.
