Más de 600.000 catalanes dejarán de estar afectados en los próximos meses por la regulación de los alquileres. Algunos de ellos, de grandes ciudades como Reus, Granollers, o Lleida, capital de provincia y sexta urbe en población con unos 150.000 habitantes. La razón es que ya no cumplen con los requisitos para tener el tope a los precios, es decir, ya no tienen oficialmente un mercado tensionado. Algunos lo celebran, pero otros temen que a partir de ahora se disparen las mensualidades.
“Tendremos que estar alerta, esto no acaba aquí”, advierte por teléfono Begoña Iglesias, concejala de Agenda Urbana del Ayuntamiento de Lleida. “Tan difícil es salir de las zonas tensionadas como mantenerse fuera”, señala esta portavoz consistorial.
Igual que los otros 22 municipios que salen de la regulación –y a diferencia de los 53 que entran–, Lleida ya no cumple con ninguno de los requisitos para ser considerado un mercado residencial “tensionado”. Uno es que esfuerzo que hacen los hogares para pagar la vivienda esté por debajo del 30% (en la ciudad es del 24,8% en alquiler y del 23,1% en hipoteca). El otro es que en cinco años no aumenten los precios tres puntos por encima del IPC, y así ha sido: desde 2021 el incremento ha sido del 20%, 1,1 puntos por debajo de la inflación.
