El Govern catalán ha decidido prorrogar durante un año la declaración de zona de mercado residencial tensionado en la mayoría de los municipios que ya tienen un tope de los precios del alquiler. Al mismo tiempo, ha incorporado 53 municipios que hasta ahora no cumplían los requisitos. La revisión también supone la salida de 22 localidades que, según el Ejecutivo de Salvador Illa, "han mejorado sus indicadores de accesibilidad y dejan de ser considerados mercados residenciales tensos".PublicidadDe este modo, Catalunya pasará de tener 271 municipios declarados zonas de mercado residencial tensionado a 302. A pesar de este incremento en el número de municipios, la población que vive en zonas con el mercado del alquiler regulado se reduce: pasa de casi seis millones de personas a 5,5 millones, ya que muchos de los municipios que abandonan la lista concentran una población muy superior a la de los que se incorporan.Concretamente, los 22 municipios que salen de la lista tienen una población conjunta de 634.171 habitantes. Estos son: Banyoles, Figueres, Parets del Vallès, Berga, Les Franqueses del Vallès, Reus, Cabrera de Mar, Granollers, Sant Climent de Llobregat, Caldes d’Estrac, Guissona, St. Feliu de Guíxols, Sant Boi de Llobregat, Fruitós de Bages, Calldetenes, Lleida, Sta. Margarida de Montbui, Canovelles, Mollet del Vallès, Tortosa, Cervelló, Montmeló, Cervera y El Papiol.En cambio, los 53 municipios que se incorporan a la lista, que sobre todo son pueblos pequeños, concentran una población conjunta de 255.751 personas. Estos son: Agramunt, Montferrer i Castellbò, Sant Iscle de Vallalta, Bàscara, El Montmell, Sant Joan de les Abadesses, Bellvei, Navarcles, Sant Joan les Fonts, Callús, Osor, Sant Martí de Centelles, Camarles, Palau-sator, Sant Vicenç de Castellet, Campdevànol, El Pla de Sta. Maria, Sant Eugènia de Berga, Capellades, La Pobla de Mafumet, Santa Margarida i els Monjos, Cardona, La Pobla de Segur, Torà, Castellbell i el Vilar, El Port de la Selva, Tordera, Constantí, Prats i Sansor, Torrefarrera, Crespià, Les Preses, Ullà, L'Espluga de Francolí, Ribera d'Urgellet, Vallfogona de Balaguer, Figaró-Montmany, Rosselló, Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant, Els Hostalets de Pierola, Sallent, Vilalba Sasserra, La Jonquera, Salomó, Vila-seca, Llagostera, Sant Andreu de la Barca, Madremanya, Sant Feliu de Pallerols, Martorell, Sant Gregori, Masllorenç y Sant Hilari Sacalm.Paneque defiende que el tope funcionaLa consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica, Sílvia Paneque, ha atribuido estos cambios a la "efectividad" de las medidas adoptadas para contener los precios del alquiler. Según la consellera, el hecho de que una parte de los municipios dejen de cumplir los criterios de tensión "demuestra que el mecanismo del tope de precios del alquiler funciona a la hora de contener el alza de precios y constituye una herramienta eficaz para evitar que más personas queden excluidas de acceder a un piso de mercado".PublicidadPaneque ha defendido que la regulación de los alquileres forma parte de una estrategia más amplia de políticas de vivienda que incluye el impulso de nueva promoción pública, las ayudas al pago del alquiler y las medidas para facilitar la emancipación de los jóvenes. "Contención de los precios, impulso a la construcción de más vivienda pública de alquiler, ayudas para continuar pagando el alquiler o para que los jóvenes se puedan emancipar... todo son herramientas para asegurar que la ciudadanía pueda acceder a una vivienda, que es la puerta de entrada de muchos otros derechos y paso imprescindible para desarrollar una historia de vida", ha afirmado.Dos años de tope: los precios se mantienen, pero no bajanLa primera declaración de zonas tensionadas, aprobada en 2024, expira en marzo de 2027, ya que la Ley estatal por el derecho a la vivienda establece una vigencia inicial de tres años. A partir de este momento, la normativa obliga a las administraciones a revisar anualmente si los municipios siguen cumpliendo las condiciones para mantener esta consideración antes de poder prorrogar su vigencia.Catalunya fue pionera en poner un tope a los precios del alquiler. Para obtener esta consideración, un municipio debe cumplir al menos uno de los dos requisitos previstos por la normativa. El primero es que las familias destinen más del 30% de sus ingresos al pago del alquiler o de la hipoteca, incluidos los gastos y los suministros básicos. El segundo es que el precio de compra o de alquiler de las viviendas haya aumentado, durante los últimos cinco años, al menos tres puntos porcentuales por encima del incremento acumulado del IPC.PublicidadLa declaración supone la aplicación automática de las medidas de contención de los precios del alquiler previstas en la legislación estatal. En los nuevos contratos, el precio no puede superar el del último contrato vigente de los últimos cinco años, una vez aplicada la actualización anual correspondiente. Además, cuando el propietario es un gran tenedor -es decir, una persona física o jurídica propietaria de cinco o más inmuebles urbanos situados en zonas declaradas tensionadas-, el precio del alquiler tampoco puede superar el índice de referencia del precio del alquiler.Según los diferentes informes del Govern y del Sindicat de Llogateres, el tope ha frenado la escalada de precios por debajo de la inflación, pero no ha conseguido bajarlos. En los 18 primeros meses de regulación -entre el primer trimestre de 2024 y el tercero de 2025, el último con datos disponibles en el Incasòl-, los alquileres han subido un 0,9% en el conjunto de Catalunya, un aumento acumulado que se sitúa por debajo de la inflación. Un dato que contrasta con el del último periodo comparable antes de la regulación -entre el primer trimestre de 2022 y el tercer trimestre de 2023-, cuando el aumento acumulado de precios fue del 14,9%.Desde la entrada en vigor del tope, el sector inmobiliario se las ha ingeniado para encontrar la manera de esquivarlo. El Sindicat de Llogateres ha denunciado en varias ocasiones "de un desvío" del parque de vivienda hacia el alquiler de temporada, que se empezó a regular a principios de este año. Por eso pide al Govern que sancione los incumplimientos de la norma.El Sindicat de Llogateres rechaza los cambiosEl Sindicat de Llogateres considera que es "absurdo" que estos 22 municipios pierdan la regulación de precios del alquiler. "¿El mensaje para los inquilinos de Reus o Lleida es que ya no necesitan regulación de precios? ¿Que a ellos el dueño del piso les puede poner el precio que quieran? ¿Que ya no tienen un problema de vivienda?", ha declarado Enric Aragonès, portavoz del Sindicat, en una rueda de prensa celebrada este martes."Si la regulación empieza a dar frutos, esto no puede ser motivo para levantar el pie del acelerador, sino todo lo contrario", ha insistido Aragonès. Los precios, de hecho, siguen altos pese a la contención. En Granollers, el precio medio según los últimos datos disponibles es de 826 euros. Por ello, el Sindicat hace un llamamiento a todas las personas que viven en estos 22 municipios a "no aceptar ninguna subida de precio".Al mismo tiempo, el Sindicat de Llogateres considera que hay margen para mejorar esta regulación de precios, haciéndola más estricta para evitar efectos indeseados. "Es necesaria una regulación de alquileres que baje los precios, no sólo una regulación que estabilice unos precios ya previamente desorbitados", concluye. Por ello, el Sindicat pide acabar con las actualizaciones anuales del precio del alquiler, una revisión del diseño del índice de referencia y establecer nuevos mecanismos de control de oficio de los nuevos contratos de alquiler habitual.