El Ejecutivo catalán ha decidido prorrogar un año más la primera tanda de municipios que declaró “zonas de mercado residencial tensionado”, que le permite aplicar medidas excepcionales como los topes al alquiler o el derecho de compra preferente de viviendas por parte de la Administración. El Departamento de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica ha mantenido a 118 municipios dentro de esa lista, que ha actualizado sacando a 22 municipios en los que considera que la situación ha mejorado e incorporando a otras 53 localidades donde las condiciones de acceso a la vivienda han empeorado en el último año. Si se añaden los municipios que el Govern incluyó en una segunda tanda, en total Cataluña habrá 302 poblaciones en las que residen 6,1 millones de personas que estarán dentro de esas áreas de mayor complejidad.Las zonas tensionadas son áreas donde los hogares tienen que hacer un esfuerzo desmesurado para acceder a la vivienda. Esas áreas se han convertido en la pieza clave para las políticas del Govern, desde los topes a los alquileres hasta futuras normativas como los límites a la compra especulativa. Los municipios se incluyeron en dos tandas: la primera fue en marzo de 2024, cuando se señalaron 140 localidades; y la segunda, en octubre del mismo año, cuando se incluyeron 131. El departamento que dirige Sílvia Paneque ha revisado el primer paquete, del que ha ha mantenido 118 municipios.Esa evaluación de las condiciones en esas localidades, según la ley de Vivienda, es preceptiva para poder prorrogar esa declaración. Tras hacer ese examen, la Generalitat ha decidido dejar fuera de lista 22 municipios que suman 634.171 personas. Entre estos, están Lleida, Figueres, Reus, Caldes d’Estrac o Mollet del Vallès. En cambio, ha incorporado a 53 más en los que habitan 255.751 ciudadanos, entre otros, Cardona, Tordera, El Port de la Selva, Vandellòs i l’Hospitalet de l’Infant, La Jonquera o Martorell.En un comunicado, Paneque ha afirmado que este movimiento de localidades demuestra que “el mecanismo del tope de precios del alquiler” funciona para “contener el alza de precios” y es una “herramienta eficaz” para evitar la exclusión residencial. Para ser declarados zonas de mercado tensionado, estos deben cumplir algunas de las condiciones fijadas por la ley estatal de Vivienda: que los hogares dediquen más del 30% de su sueldo al alquiler o la hipoteca o que el precio de las rentas o la propiedad haya experimentado un incremento acumulado de al menos tres puntos por encima del IPC en los últimos cinco años.El Partido Popular, con los votos de Vox y Junts, ha intentado desmontar todo el andamiaje normativo que permiten las zonas tensionadas. La formación de Carles Puigdemont votó aceptar la tramitación de una proposición de los populares para una ley del Suelo después de que el Gobierno haya sido incapaz de aprobar la suya. Ese texto iba más allá e incluía una disposición derogatoria para eliminar “los aspectos más lesivos” de la ley de vivienda de 2023. En concreto, el texto señala que se propone la supresión de “las medidas intervencionistas en el mercado de alquiler como las zonas de mercado tensionado, los índices de los alquileres, el control de precios y los instrumentos de apoyo a la inquiocupación”.La prórroga de los topes al alquiler forma parte de un amplio paquete adoptado por el Govern este mes de julio, en el que el Parlament ha iniciado la tramitación de la ley para limitar las compras especulativas y ha llevado a la Cámara, junto a los Comunes, un paquete de medidas que deben permitir la construcción de entre 15.000 y 20.000 viviendas protegidas en cuatro años.