Actualizado Lunes,

julio

22:52A falta de un a�o para que se cumpla la fecha l�mite de celebraci�n de elecciones generales, en la opini�n p�blica se ha instalado ya la sensaci�n de que la legislatura agoniza. Los espa�oles se muestran muy severos con un Ejecutivo al que la mayor�a concede pocos meses de vida: un 41% cree que los comicios se adelantar�n al primer trimestre de 2027 y seis de cada 10 califican muy negativamente un mandato que, en cualquier caso, entra en su recta final.Apenas un 12% considera la legislatura buena, positiva y competente frente a un 60% que se divide entre definirla como desastrosa, corrupta e incluso fraudulenta y un 31% que no le reconoce ning�n logro al Gobierno. El balance de la ciudadan�a es, pues, de condena, seg�n se desprende del bar�metro de Sigma Dos para EL MUNDO.Los ciudadanos responden espont�neamente a la hora de definir los �ltimos tres a�os y el grupo m�s importante -30,3%- opta por calificarlos como desastrosos, nefastos y ruinosos. Tras ellos, un 14,8% se�ala esta etapa como corrupta y delictiva; un 6,7% opta por ca�tica, inestable y confusa; un 4,9% por mala, decepcionante y preocupante y un 3,6% por enga�osa, fraudulenta y mentirosa.En total, una gran mayor�a -seis de cada 10- abomina de un mandato fuertemente marcado por la polarizaci�n que anticip� Pedro S�nchez en su discurso de investidura, cuando mostr� su decisi�n de �erigir un muro� -que �l consideraba �de democracia y convivencia�- frente al PP, el partido m�s votado, y Vox. Tambi�n por los esc�ndalos de corrupci�n que afectan al Gobierno y al PSOE y por las decisiones que el Ejecutivo ha adoptado para satisfacer las exigencias de los partidos independentistas -principalmente la Ley de Amnist�a- y convertirlos en puntales clave de su poder. Precisamente, la amnist�a a los condenados del proc�s es la medida del Gobierno que m�s negativamente juzgan los ciudadanos: un 59,8% la considera mala o muy mala y ello incluye al 41% de los votantes socialistas. Estos porcentajes ponen de manifiesto el efecto divisivo que gener� la decisi�n de S�nchez de atar los siete votos de Junts que necesitaba para ser investido a cambio de borrar los delitos cometidos por el secesionismo.