Una de las imágenes más representativas de la situación límite en la que se encuentra el Gobierno se produjo el pasado 25 de junio. Pedro Sánchez, de pie en su escaño, sonreía y aplaudía animado por el resto de la bancada del PSOE mientras al otro lado del hemiciclo los golpes y los gritos de "¡Dimisión, dimisión!" eran atronadores. El Congreso acababa de aprobar, con los votos de PP, Vox y Junts, una moción para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, que hizo oídos sordos al clamor de la mayoría parlamentaria y de las advertencias de otros aliados habituales, desconcertados por la asfixiante agenda judicial que rodea al Ejecutivo. El Gobierno y el PSOE están cada vez más atrapados en la tela de araña de la corrupción. Las sospechas en torno a la posible financiación irregular del partido, las inéditas condenas primero contra Ábalos —24 años de prisión— y después contra el hermano del presidente —nueve años de inhabilitación—, o el mazazo del complicado horizonte judicial de José Luis Rodríguez Zapatero profundizan la agonía del jefe del Ejecutivo, pero es el Congreso de los Diputados el que apuntala el derrumbe definitivo de la legislatura. Antes de poner rumbo a Lanzarote para disfrutar de cuatro semanas de vacaciones, Sánchez vio cómo moría el primer intento en toda la legislatura de aprobar los Presupuestos Generales del Estado al caer por segunda vez la senda de estabilidad. El Gobierno mantiene la intención de llevar las cuentas del Estado al Congreso a la vuelta del verano, pero Junts ya anticipó que no contará con sus votos, decisivos para cualquier trámite. El portazo al proyecto presupuestario no es más que la guinda a un año plagado de tropiezos, con una ristra de derrotas que de nuevo alcanzan casi 40 en los últimos siete meses. Entre decenas de decretos, proposiciones de ley o mociones perdidas, el Gobierno ha comprobado de nuevo que no hay mimbres para la resistencia y que el arranque de septiembre sólo redoblará la presión para que apriete el botón de la convocatoria electoral. La actividad parlamentaria arrancó el 27 de enero con un pleno extraordinario en el que el Ejecutivo comprobó que, pese a los desvelos para intentar reconstruir la mayoría de investidura, su situación seguía siendo precaria. Al igual que en 2024 y en 2025, Sánchez experimentó el derribo del decreto ómnibus que incluía la subida de las pensiones. La parálisis legislativa se ha dejado notar en la ausencia de sesiones —se mantiene la dinámica de celebrar sólo dos plenos a la semana— o el aplazamiento de proyectos clave por la incapacidad de asegurarse los apoyos necesarios, como sucede con la eterna promesa de la reforma de la ley mordaza o el nuevo sistema de financiación autonómica. Un buen puñado de la decena de leyes aprobadas en este último período de sesiones (de enero a julio), en su mayoría reales decretos, versaban sobre cuestiones que concitan un consenso transversal, como las ayudas por el accidente de Adamuz o las medidas fiscales para paliar los efectos de la guerra de Irán. El Gobierno trata de resistir contra viento y marea y saca pecho de las más de 70 leyes aprobadas en lo que va de legislatura, una cifra que queda aún muy por debajo de las 118 que impulsó en su primer mandato junto a Podemos. Pero en el camino de la tramitación parlamentaria se le han quedado normas progresistas clave en los últimos meses, como la prórroga de las medidas de protección para las familias vulnerables, que incluía la moratoria de los desahucios, o la progresividad de las medidas sobre vivienda y los alquileres, que en abril chocó de nuevo contra el muro que una y otra vez levantan PP, Vox y Junts. TE PUEDE INTERESAR Las derrotas del Ejecutivo se han producido en multitud de ámbitos, pero especialmente en asuntos que tienen que ver con la inmigración, la fiscalidad o la vivienda. Esta última problemática resulta especialmente sangrante para la bancada socialista, que ve cómo sus proyectos fracasan una y otra vez, mientras que el PP, desde la oposición, sí ha conseguido levantar una mayoría suficiente para tramitar sus propuestas, aunque luego éstas choquen con el cerrojazo de la Mesa del Congreso. En febrero, el mismo día en que el Senado reprobaba a la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, la mayoría del Congreso aprobó una moción del PP sobre el fracaso de las medidas de vivienda del Gobierno; en abril, los de Feijóo lograron también un respaldo mayoritario a su ley del suelo; y en mayo sumó una victoria más con las medidas antiokupación. Esta situación choca con el pesimismo ante otro de los grandes proyectos políticos que Sánchez quería utilizar con el arranque del nuevo curso para tomar aire y encaminar el último año de legislatura: el decreto sobre vivienda. La norma ni siquiera se ha aprobado todavía en el Consejo de Ministros —prevé hacerlo el martes 28 de julio— pero tanto Podemos como Junts han rebajado al mínimo las opciones de apoyar la propuesta pactada entre PSOE y Sumar. También existen muchas dudas respecto a la viabilidad parlamentaria de la nueva ley antitabaco por la distancia exhibida ya tanto por el PP como por el partido de Puigdemont. TE PUEDE INTERESAR La posibilidad de ahormar mayorías en cuestiones clave se ha convertido en una misión casi imposible. Junts mantiene las espadas en alto y comienza a tomar posiciones ante el pistoletazo de salida de la campaña electoral, que se producirá tan pronto como decaigan los Presupuestos en el Congreso. La convocatoria compete de forma exclusiva a Pedro Sánchez, y la única incógnita por resolver es si acortará el calendario —en algunos sectores políticos circula ahora la tesis de que pueda haber generales antes incluso de que finalice 2026— u optará por estirarlo hasta el último suspiro. Una de las imágenes más representativas de la situación límite en la que se encuentra el Gobierno se produjo el pasado 25 de junio. Pedro Sánchez, de pie en su escaño, sonreía y aplaudía animado por el resto de la bancada del PSOE mientras al otro lado del hemiciclo los golpes y los gritos de "¡Dimisión, dimisión!" eran atronadores. El Congreso acababa de aprobar, con los votos de PP, Vox y Junts, una moción para exigir la dimisión del presidente del Gobierno, que hizo oídos sordos al clamor de la mayoría parlamentaria y de las advertencias de otros aliados habituales, desconcertados por la asfixiante agenda judicial que rodea al Ejecutivo.