Catalunya ha quedado fuera del informe internacional de PISA 2025 (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos) impulsado por la OCDE. Esta organización ha decidido no publicar el estudio específico de la comunidad al considerar que una desviación de la muestra impide que los resultados sean representativos del conjunto del alumnado catalán. Aunque las puntuaciones aparecerán en el informe nacional de España, los datos catalanes no podrán compararse ni con otros países ni con otras comunidades autónomas ni con ediciones anteriores. ¿Cómo es posible que una tasa de exclusión cuatro veces superior al máximo recomendado por la OCDE no fuera detectada a tiempo? ¿Qué mecanismos de control fallaron? La Generalitat no tiene aún, según afirmó el viernes, todas las respuestas. La consellera Esther Niubó comparecerá esta tarde ante la Comisión de Educación para dar explicaciones.AntecedentesEl problema se encuentra en la exclusión de 591 alumnos de la muestra —el 23,22 % de los estudiantes inicialmente seleccionados—, muy por encima del límite máximo del 5 % que recomienda la OCDE. La mayoría de esas exenciones (493) correspondían a alumnos con discapacidades cognitivas, emocionales o conductuales, además de 92 estudiantes con un dominio insuficiente de la lengua de la prueba y seis con discapacidad física. A ello se añadió un 7% de abstenciones, también por encima del límite.Al retirar de la prueba a un número tan elevado de alumnos, la muestra no es representativa del sistema educativo y no refleja con fiabilidad al conjunto del alumnado catalán de 15 años. Por ese motivo la OCDE considera que los datos no pueden utilizarse para comparar el rendimiento educativo de Catalunya con el de otros territorios.Falta por saber quién era responsable de verificar que los criterios de exclusión se aplicaban correctamente en CatalunyaAquí no está claro qué sucedió y la propia Generalitat ha abierto diligencias para determinar las causas y las responsabilidades. En esta cronología falta por saber quién era responsable de verificar que los criterios de exclusión se aplicaban correctamente en Catalunya. Tampoco se conocen los controles que ejerce el ministerio sobre las muestras ampliadas de las comunidades autónomas. En todo caso, de momento, nadie ha asumido la responsabilidad política o técnica de esta situación.Aparentemente, desde su origen, no hubo un acompañamiento adecuado a los 51 centros educativos escogidos para la muestra y no saltaron ninguna de las alarmas después, pese a que la OCDE exige un gran rigor en el procedimiento con la participación de muchos agentes que deben superar su acreditación.Faltan datos, pero puede observarse que fallaron alertas desde enero de 2025 en que los centros elaboran el listado de alumnos hasta marzo de 2026 en que la Generalitat es informada de la invalidez de la muestra.Enero-marzo 2025Según el departamento, el origen está en una exención importante de alumnos, mayormente por razones de algún tipo de discapacidad, que no se correspondía con los criterios de la OCDE. Esta organización trabaja con el objetivo de evaluar el sistema educativo en su conjunto con todos los alumnos (centros públicos, concertados y privados, urbanos y rurales, de alta o baja complejidad). En este espejo, solo excluye los casos de mayor gravedad que corresponden a un 5% del sistema.La OCDE propone una muestra de 51 centros que valida la Generalitat, y adjunta una serie de criterios para la exención de alumnos. Los centros elaboran, en enero de 2025, la relación completa de alumnos, el Instituto Nacional de Estadísticas de Educación (INEE), como centro nacional para la OCDE, revisa la muestra y los posibles casos de exclusión. También tiene un papel clave la inspección educativa. Esto ocurre entre febrero y marzo de 2025. Luego se realizan las pruebas con el control del Consell d’Avaluació (marzo-abril)¿Por qué no afecta al informe español?El informe español podía haber quedado comprometido si no hubiera contado con los datos de Catalunya, que representa un 14% del alumnado español, una cifra estadística significativa. No obstante, se ha podido salvar este informe porque algunos centros, de los 51 que hicieron la prueba, aplicaron correctamente los criterios de exención de alumnos, según el ministerio, lo que es una muestra suficiente para el territorio nacional. PISA Catalunya es, en realidad, una ampliación de la muestra del Gobierno español para poder comparar los resultados de su sistema con los resultados nacionales e internacionales que proporciona la evaluación internacional.Todo apunta a que los criterios de exclusión no se aplicaron conforme a los protocolos establecidos o, si se detectó la desviación, no se corrigió antes del cierre de la muestra. La investigación abierta por la Generalitat deberá determinar en qué fase se produjo el fallo. En todo caso lo que sí está comprobado es que hicieron el examen solo el 70% del grupo muestra (23% por discapacidad y un 7% que no se presentaron ese día).¿Quién interviene?En este periodo intervienen el departamento, la inspección educativa que acompaña y supervisa a los centros, así como la empresa contratada por el Ministerio de Educación y acreditada por la OCDE para la aplicación de estas pruebas. Se trata de la empresa asturiana 2E Estudios y Evaluaciones que es la “única responsable de la aplicación de pruebas, análisis de datos y elaboración de informes de centro y de grupo de centros del proyecto en España”.Una vez hechos los exámenes, si se ha visto que ha habido ausencia de alumnos seleccionados, o alumnos que han sido rechazados sin razón, existe la posibilidad de realizar sesiones de recuperación. Obviamente, esta posibilidad no se utilizó para corregir la desviación.La empresa acreditada por la OCDE se encarga de la administración de las pruebas y de diversas tareas técnicas asociadas al proyecto PISA en España. Sin embargo, todavía no está claro cuál fue exactamente su papel en la validación de las exclusiones de alumnos en Catalunya. Reporta al centro nacional encargado de la elaboración de la prueba, el INEE. La Generalitat sostiene que la comunicación con la OCDE se intensificó en marzo de 2026, pero todavía no se ha explicado cuándo fue informado el INEE ni qué actuaciones llevó a cabo desde ese momento.El Consell Superior d'AvaluacióPor parte de la Generalitat han desaparecido las personas con alguna responsabilidad en la supervisión. Durante buena parte del proceso el Consell Superior d'Avaluació atravesaba un periodo de transición institucional, sin una presidencia estable, mientras se preparaba la creación de la nueva Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació.El Consell Superior d'Avaluació era el encargado de acompañar, junto a la inspección educativa, a las direcciones de centro escogidas, realizando reuniones informativas y en las que se firma la confidencialidad de los datos. Se les explica el procedimiento y los criterios de la prueba. El Consell estaba en crisis en 2025 y descabezado. En septiembre de 2024 asume las funciones de responsabilidad la directora de currículum, Mercè Andreu, que depende de la secretaria de Mejora Educativa, Josefina Beltrán. Ninguna de las dos está ahora en el departamento. Ambas lo dejaron en octubre de 2025, seis meses después de la realización de las pruebas.Durante su mandato, Andreu y Beltran, tuvieron que hacer frente a la crisis de la fusión de las ciencias en primero de bachillerato y la reducción de la nota del treball de recerca, medidas que entran en vigor este mes de septiembre. Estos cambios, obligados por requerimientos del ministerio, generaron una fuerte polémica.La Agència d’Avaluació i Prospectiva de l’Educació inició su actividad el 7 de julio de 2025, es decir, con posterioridad a la gestión y aplicación de PISA 2025 en Catalunya. En un comunicado publicado el viernes se desmarca de la responsabilidad de lo ocurrido y garantiza los estándares de calidad que se han aplicado a las pruebas que se ha realizado desde su creación.Reacción de directoresLos directores de centros públicos, asociados en AXIA, han emitido también un comunicado en el que reseñan que las decisiones determinantes sobre la muestra y las exclusiones se concentran durante los primeros meses de 2025. “Por tanto, no se trata de un error repentino ni de un incidente inevitable el día de la prueba. Es el resultado de un proceso que disponía de controles, plazos y responsables”.Afirman que ante un hecho de esta magnitud “no es suficiente con lamentarlo”. Es necesario explicar qué ha pasado, identificar las causas, asumir las responsabilidades que correspondan y, sobre todo, garantizar que no se repetirá. “La rendición de cuentas no consiste en buscar culpables por satisfacer a la opinión pública. Consiste en preservar la credibilidad de las instituciones. Porque un país que renuncia a evaluarse con rigor es un país que acaba gobernando a ciegas. Y una sociedad que deja de mirarse en el espejo difícilmente puede saber hacia dónde va”.Más allá del impacto reputacional que supone quedar fuera del principal estudio internacional sobre educación, el episodio deja abiertas preguntas esenciales sobre el funcionamiento de los mecanismos de supervisión de las evaluaciones externas y sobre quién debía garantizar que los protocolos de la OCDE se aplicaban correctamente. Son incógnitas que la investigación abierta por la Generalitat y las explicaciones que puedan ofrecer el Ministerio de Educación y la propia OCDE deberán resolver. Periodista. Ha trabajado en las secciones de Política, Economía, Opinión y Cultura de La Vanguardia. Desde hace unos años cubre informaciones de Educación y Universidades en Sociedad