A la vista de que el Tribunal Supremo de EEUU anuló las subidas de aranceles iniciales, la Administración Trump pretende volver a intentarlo. Esta vez aumentándoselos a 60 países, entre ellos a la Unión Europea en su conjunto, con el argumento de que hay una competencia desleal mercantil porque en esos países no se prohíbe la comercialización de productos elaborados con trabajo forzoso.
Es evidente, porque así lo viene demostrando continuamente, que entre las preocupaciones de Trump no se encuentran las violaciones de los derechos humanos, particularmente la existencia de trabajo forzoso. Su fuerte incremento viene siendo denunciado últimamente por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), pero esto desde luego no es lo que mueve las decisiones de Trump. Es obvio que se trata de una excusa para poder insistir en su política de subida de los aranceles, que perjudica tanto a los consumidores americanos como a las exportaciones a EEUU desde terceros países. No es necesario insistir en las razones reales que lo motivan, pero sí merece la pena desmontar su aparente ropaje en el trabajo forzoso, tanto por lo que establece la legislación norteamericana como por las garantías presentes en el Derecho de la Unión Europea.
