La guerra de los aranceles nunca se fue para la Administración Trump. La Casa Blanca, es más, ha hecho de la coerción económica (también la de carácter militar) su instrumento favorito en su estrategia de política exterior. Pero en los últimos días ha dado un paso adelante, justo cuando ni siquiera se cumple un año desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense firmaran en un campo de golf del segundo (en Escocia) un acuerdo arancelario que ahora EEUU quiere revisar. Hay una diferencia: si el principal argumento que ha dado la Casa Blanca durante la era Trump es que Europa y otros territorios están en situación de ventaja, ahora Washington ha dado un giro de indudable importancia y acusa a Europa y otros territorios de beneficiarse del trabajo forzoso en sus políticas comerciales. El representante comercial de EEUU, en concreto, al amparo de una ley de 1974, acusa ahora a 60 países (entre ellos los 27 europeos) de saltarse la prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso. Según EEUU, estas prácticas "son irrazonables y obstaculizan o restringen el comercio estadounidense, por lo que son susceptibles de acción bajo la Sección 301(b) de la Ley de Comercio". Para ello, ha elaborado un informe exhaustivo, titulado "Actos, políticas y prácticas de diversas economías relacionados con la falta de imposición y aplicación efectiva de una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso", que respalda las conclusiones de cada investigación. Lo que argumenta Washington es que "esto crea una dinámica en la que los trabajadores estadounidenses se ven obligados a competir globalmente en condiciones desiguales", declaró el embajador Jamieson Greer. Las sanciones previstas a los países señalados pasan por la imposición de aranceles adicionales situados entre el 10% y el 12,5%, dependiendo de la respuesta que dé cada país o bloque, como es el caso de Europa, al trabajo forzoso. En el informe, se recuerda que en noviembre de 2024 la Unión Europea emitió un reglamento destinado a prohibir la entrada en su mercado de productos elaborados con trabajo forzoso, cuya entrada en vigor está prevista para el 14 de diciembre de 2027. El reglamento prohíbe la comercialización de productos elaborados con trabajo forzoso en el mercado de la UE, independientemente de su origen, mientras que la Comisión Europea actúa como autoridad competente principal en las investigaciones de productos elaborados con trabajo forzoso procedentes de fuera del mercado de la UE. De manera efectiva EEUU, sin embargo, entiende que a partir de la "información disponible" la UE "no está haciendo cumplir de manera efectiva su prohibición de importación de trabajo forzoso". Admite que la Unión Europea ha adoptado una prohibición de importación de trabajo forzoso, pero no entrará en vigor hasta dentro de año y medio. "Dado que la Unión Europea no puede hacer cumplir su medida hasta esa fecha, se deduce que no puede hacerlo de manera efectiva hasta entonces", se asegura. Además, la prohibición de importación de trabajo forzoso de la Unión Europea carece de alguna entidad pública refutable. El trabajo forzoso, según la definición de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde se reúnen gobiernos, sindicatos y patronales, se mide a través de once indicadores, tales como el aprovechamiento de la vulnerabilidad de los trabajadores, el engaño, las restricciones a la movilidad para poder retenerlos, la violencia física o sexual, la intimidación y las amenazas, las retenciones de salarios o la existencia de condiciones de trabajo abusivas. También el exceso de horas extra o la retención de documentos de identidad. Según la OIT, 49,6 millones de personas vivían en condiciones de esclavitud moderna en 2021, de los cuales 27,6 millones en situación de trabajo forzoso y 22 millones en situación de matrimonio forzoso. De los 27,6 millones de personas en situación de trabajo forzoso, 17,3 millones son explotadas en el sector privado; 6,3 millones se encuentran en situación de explotación sexual comercial forzosa, y 3,9 millones en situación de trabajo forzoso impuesto por el Estado. La ofensiva de Washington se produce en un momento muy delicado para la estrategia aislacionista de Trump, que no ha logrado ni de lejos cumplir los objetivos de recaudación que tenía previsto lograr cuando lanzó la primera tacada arancelaria. Es más, se ha visto en la necesidad de recurrir el fallo judicial que ordena al Gobierno federal devolver parte de lo ya recaudado por los aranceles que han sido declarados ilegales. Orden inicial Este martes el Departamento de Justicia presentó un recurso de apelación ante el Tribunal de Comercio Internacional de EEUU contra la sentencia emitida a principios de este año que ordenaba a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza devolver los fondos pagados por los aranceles impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional. Dicha sentencia, como se sabe, fue consecuencia de una decisión del Tribunal Supremo que echó por tierra los planes de Trump. La orden inicial del tribunal comercial solo abarcaba las declaraciones no procesadas o no finalizadas, pero posteriormente amplió el alcance de la directiva para incluir también las declaraciones finalmente liquidadas. Desde entonces, la Administración Trump ha devuelto aproximadamente 20.600 millones de dólares, aunque algunas fuentes estiman que están en camino de entrega unos 85.000 millones adicionales. Es decir, dinero que hace un roto al presupuesto de EEUU, que había previsto ingresar por aranceles cantidades astronómicas que hoy se consideran inalcanzables. Según el Centro de Políticas Bipartidistas, un prestigioso 'think tank' de EEUU, en los últimos años, los ingresos netos por aranceles han representado entre el 80% y el 85% de los ingresos brutos por aranceles y otros impuestos. Ahora bien, entidades de evaluación no partidistas, como el Comité Conjunto de Impuestos (JCT), también suelen considerar una compensación de los impuestos sobre la renta y las nóminas con los impuestos especiales (incluidos los aranceles) de alrededor del 25%, lo que reduce los ingresos totales derivados de estos últimos. Poder adquisitivo En otras palabras, cada dólar de ingresos por impuestos especiales conlleva una disminución de 0,25 dólares en los ingresos por impuestos sobre la renta y las nóminas. Esta reducción de ingresos tiene que ver con el hecho de que, al ser los productos más caros por el efecto de los aranceles en la inflación, se reduce el poder adquisitivo de los salarios, y de ahí que también disminuyan los ingresos fiscales. Igualmente, las políticas arancelarias también influyen de forma relevante en las decisiones empresariales a corto y largo plazo sobre inversión y contratación, lo que también afecta a la recaudación de impuestos y el gasto público. Según el Centro de Políticas Bipartidistas, los aranceles aplicados sobre los productos chinos constituyen la principal fuente de ingresos dentro de este capítulo, lo que es coherente con el volumen de transacciones con el gigante asiático, aunque claramente a la baja. Sin embargo, los aranceles recaudados sobre las importaciones del resto del mundo —especialmente de los socios comerciales más importantes de EEUU— representan ahora la mayor parte de los ingresos, debido a los recientes aumentos arancelarios sustanciales en todos los sectores. Este es el caso de las mercancías procedentes de Europa, que tan solo en el mes de marzo contribuyeron con 3.900 millones de dólares. Durante el primer trimestre, la recaudación supera los 10.400 millones de dólares, aunque todavía sin tener en cuenta lo que las empresas europeas puedan recuperar tras la sentencia del Supremo que declaró ilegales buena parte de los aranceles. La guerra de los aranceles nunca se fue para la Administración Trump. La Casa Blanca, es más, ha hecho de la coerción económica (también la de carácter militar) su instrumento favorito en su estrategia de política exterior. Pero en los últimos días ha dado un paso adelante, justo cuando ni siquiera se cumple un año desde que la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente estadounidense firmaran en un campo de golf del segundo (en Escocia) un acuerdo arancelario que ahora EEUU quiere revisar.