Los incendios forestales no distinguen entre ideologías ni competencias administrativas. Cuando el fuego avanza sobre los montes, amenaza poblaciones y pone en peligro vidas humanas, debería desaparecer la retórica política y preguntarnos sobre dos cuestiones esenciales: si las administraciones públicas están preparadas y si responden con la eficacia que la ciudadanía tiene derecho a exigir.
La reciente decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid de solicitar la declaración de emergencia nacional trasladando su responsabilidad al Gobierno del Estado, merece una reflexión que trasciende el propio incendio. No se trata de cuestionar la necesidad de movilizar todos los recursos disponibles cuando una situación alcanza una gravedad extraordinaria porque el Estado tiene el deber de acudir allí donde una parte del territorio nacional necesita ayuda. Así debe ser en un Estado que se fundamenta en la solidaridad entre territorios y en la protección efectiva de las personas.
