Dentro de los devastadores incendios que están asolando a nuestro país se ha abierto un espacio de colaboración inédita entre instituciones que están poniendo a prueba el desarrollo del Título VIII de la Constitución y el mecanismo de emergencia nacional en situaciones de catástrofes que recoge la ley 17/2015 del Sistema Nacional de Protección Civil.Más de 88.000 desalojados entre Madrid y Ávila, unas 45.000 hectáreas calcinadas y numerosas municipalidades confinados justifican la necesidad de una coordinación estatal de los efectivos desplegados en esta lucha contra el fuego en un nuevo incendio imposible de apagar en estos momentos.El artículo 149.1 de la Constitución detalla con claridad cuáles son las competencias autonómicas y estatales en materia de seguridad pública y coordinación. La ley 17/2015 lo regula al amparo de la Carta Magna es una figura de cooperación institucional. No estamos por tanto ante una recentralización de competencias, esta declaración de emergencia de interés nacional debe entenderse dentro de la normalidad democrática y en beneficio del interés general y la protección de los españoles. Ni tan siquiera en el escenario del artículo 116. Las comunidades autónomas mantienen su papel operativo mientras el Estado ejerce la labor de dirección y coordinación.Durante la catástrofe sobran las controversias y los conflictos. Más allá de las actitudes histriónicas a las que nos tiene acostumbrados esta presidenta autonómica, toca arrimar el hombro, colaborar y poner cuantos recursos sean necesarios para salvar vidas, proteger pueblos y minorar el daño en un incendio devastador que tendrá un coste aún incalculable.Después de apagado el fuego tocará el análisis y la asunción de responsabilidades por parte de cada administración. Habrá que examinar si la dotación de efectivos en la lucha contra los incendios era la adecuada, si los recursos y medios se ajustaban a las necesidades y si la inversión por hectáreas destinada a prevenir durante el invierno, limpiar los montes y preservar la masa forestal era o no suficiente. Mientras tanto, cuando las llamas siguen avanzando, las vidas corren peligro y nuestros bomberos forestales, militares de la UME y cuerpos y fuerzas de Estado se entregan en la labor de protegernos a todos trasladar el mensaje de utilidad institucional y normalidad democrática no es poco, al contrario, resulta fundamental.Día que pasa y ante la dificultad de apagar estos incendios que se está volviendo un patrón recurrente en nuestro periodo estival debemos tomar notas que la mejor manera de evitarlo es preparar nuestro patrimonio natural durante el invierno, controlar la vegetación nueva, los residuos tras los incendios y entender que sólo así salvaremos vidas. Para disfrutar de nuestra naturaleza hay que prevenir mejor que apagar. La cooperación institucional de estos días debería extenderse al trabajo de gestión forestal durante los próximos meses que impida que se repita con esta virulencia. Sobran los fanatismos que niegan el cambio climático y faltan iniciativas que vayan en la línea de la colaboración para que entre todas las administraciones ayudemos a adaptarnos a esta nueva realidad climática, y para ello también es fundamental la colaboración institucional. Serían ambas cosas un buen comienzo para normalizar la colaboración entre gobiernos y administraciones.