No es el momento de las divisiones ni las rencillas, sino el de la solidaridad y la unidad de las administraciones ante la gravedad de unos incendios que en Ávila, Toledo y Madrid ya han arrasado con 15.000 hectáreas, han obligado a evacuar una decena de municipios y dejan 60.000 personas afectadas entre desalojados y confinados. España ha sufrido en lo que va de año 29 grandes incendios, una cifra que multiplica por tres la media de la última década, y las sucesivas olas de calor, aceleradas por el calentamiento global, amenazan con convertir estas catástrofes en una nueva normalidad de impredecibles consecuencias. No existe ahora otra prioridad que asistir con la máxima celeridad a los afectados y salvar las vidas amenazadas por el fuego descontrolado y devastador. La naturaleza de este último incendio lo hace distinto a otros sufridos este verano en España, porque al abarcar distintas comunidades obliga a una colaboración más estrecha entre las administraciones. En este contexto no existe otra opción que coordinarse, como se hizo en las primeras horas para desalojar a los vecinos afectados, dar cobijo a los evacuados y a los más vulnerables, perimetrar el fuego y empeñarse en su extinción. El envío de refuerzos de otros países europeos por medio del mecanismo de protección civil de la UE y el despliegue de un millar de militares forma parte de esa escala de prioridades, así como la declaración de emergencia nacional que ha decretado el Gobierno, en respuesta a la petición de la Comunidad de Madrid. Todas estas medidas están justificadas ante una situación que desborda los territorios y los encuadres administrativos, y que exige la mayor cooperación y esfuerzo cuando hay fuegos sin control y tantos ciudadanos en la incertidumbre sobre si podrán regresar a sus casas. El drama es que estos incendios se han vuelto cada vez más frecuentes, extensos y difíciles de extinguir, y cada año con más antelación, porque se alcanzan antes las temperaturas de récord. En España han ardido en 2026 114.796 hectáreas, que incluyen las 7.000 que se quemaron el 9 de julio en Los Gallardos (Almería), donde murieron 13 personas, uno de los incendios más letales de la historia de este país. La catástrofe afecta al centro de la península y se acerca a la capital, Madrid, pero sus dimensiones son europeas. En Francia, permanecían activos este viernes tres grandes incendios: dos en la costa sur del Atlántico y un tercero cerca de Marsella. Este país acumula ya este año más de 60.000 hectáreas quemadas en regiones menos acostumbradas al fuego que las regiones meridionales y mediterráneas, como el histórico bosque de Fontainebleau, a 70 kilómetros de París. Los métodos de siempre, quedan obsoletos ante la magnitud de la emergencia. No basta con incrementar los servicios existentes como hasta ahora, sino que resulta imprescindible modernizar las estrategias de prevención, los sistemas de alerta y los métodos de extinción de fuegos. El riesgo asociado a las altas temperaturas requiere un mejor control de los bosques, como abrir corredores que detengan la posible propagación del fuego. Tampoco la lucha contra el cambio climático ni la reducción de los combustibles fósiles puede quedar relegada en la agenda política internacional. La respuesta urgente e inmediata es ahora la extinción de estos incendios y la atención a los afectados, pero una vez que se apaguen las últimas brasas comenzará lo más complicado.