El Tribunal Administrativo Central, dependiente del Ministerio de Hacienda, ha tumbado definitivamente la propuesta diseñada por Renfe para crear junto a una de las grandes compañías del sector su propia empresa de autobuses con la que dar servicio a sus pasajeros en tramos en los que, por inciencias sobrevenidas u obras planificadas, no se pueda circular por la vía ferroviaria. Tal y como han denunciado desde el principio las pymes del sector, el tribunal considera que hay elementos que afectan a la competencia e insta a la operadora a modificarlas antes de continuar con la tramitación, que hasta ahora permanecía paralizada desde abril para evitar eventuales perjuicios "de difícil reparación".Según la resolución de unos de los recursos presentados contra el diseño elaborado por Renfe para crear una empresa participada de autobuses, el Tribunal le pide modificar dos aspectos antes de continuar con la búsqueda de un socio con el que crear esta empresa participada con la que la operadora ferroviaria quiere poder ofrecer planes alternativos de transporte (PAT) que ahora tiene que contratar, a veces de urgencia y a precios muy por encima del mercado, cada vez que una indidencia o una obra programada impiden cubrir parte del trayecto en tren.Este órgano dependiente de Hacienda ha estimado parcialmente el recurso de Direbús, una asociación de pymes del sector, al reconocer que los requisitos de solvencia económica y técnica que Renfe fijó para las empresas que quisieran asociarse a ella y que, según el resto del sector, dejaba fuera a la gran mayoría porque solo podrían cumplirlos los grandes. Así, "echa por tierra" la obligación de que dispongan de una flota de 500 autobuses -o 300 si es en consorcio con otras- y una facturación de al menos 75 millones en los tres años anteriores.Asimismo, el Tribunal no aprueba la decisión de Renfe de firmar un solo contrato con una sola compañía, la que se asociaría a él, para ofrecer todos los planes alternativos de transporte por todo el país, en lugar de recurrir a un sistema de lotes, que afirma que facilitaría la participación de empresas de menor tamaño. En su resolución considera que no ha justificado adecuadamente esta decisión."Se constata que las elevadas cifras exigidas tanto para la solvencia económica y financiera, como para la técnica, tienen como fundamento la existencia de un único lote del contrato", lo que "supone, de facto, una restricción clara de la concurrencia", dice el Tribunal en su resolución. Para admitir tal criterio, prosigue, "exigiría una especial motivación y justificación que nos permita llegar a la conclusión que resultan proporcionados, pero no encontramos mínimamente dicha justificación en ninguno de los documentos". "Igual falta de justificación la encontramos en la exigencia como solvencia técnica de poseer en propiedad 500 autobuses en propiedad o de 300 si concurrente en UTE, o en la exigencia de que el licitador tenga capacidad operativa en Madrid, Barcelona, Comunidad Valenciana, al menos una de sus provincias, y, en Andalucía, en Sevilla, Málaga, Córdoba o Granada".Para el Tribunal, "ambas obligaciones" suponen, "a priori una restricción severa de la concurrencia", por lo que anula estas cláusulas y sitúa a Renfe en un momento previo a aprobarlas para buscar un socio. "Conllevará también la retroacción del procedimiento al momento anterior a la aprobación de los documentos impugnados". Muy pocas favorecidas y las pymes del bus en pie de guerraLa resolución del recurso de Direbús por parte del Tribunal Administrativo Central cierra definitivamente el paso para la creación por parte de Renfe de una empresa participada con una compañía del sector del autobús en los términos en lo que había planteado en un principio y que, según denunciaron desde el primer momento las pymes del sector, iba en contra de la libre competencia porque fijaba requisitos que solo podían cumplir las grandes empresas y cerraba el paso a todas las demás. Por eso, colectivos como Direbús, Anetra y Fenadismer recurrieron el diseño de los pliegos y, en una primera decisión antes de resolverlos, el Tribunal paralizó en abril el proceso de licitación, que Renfe quería tener completado para final de este año, por los "perjuicios de difícil o imposible reparación" que pudiera tener sobre algunas empresas continuar con él.Según un cálculo de Direbús, solo 10 u 11 de las más de dos mil empresas activas pueden cumplir condiciones para acudir a la licitación para convertirse en el socio de Renfe como las que ahora ha anulado este tribunal. “Todos merecemos participar de las licitaciones públicas en igualdad de condiciones", ha afirmado el presidente de Direbús, Alfonso Taborda, tras reconocer el tribunal parcialmente su recurso. La asociación está "está dispuesta a colaborar con Renfe" pero añade que "lo que no vamos a aceptar es que con el dinero de nuestros impuestos y los de los ciudadanos, se intente nacionalizar el servicio del transporte de viajeros por carretera alternativo a los servicios de Renfe”.