Las calzadas llevaban tropas y funcionarios hasta territorios donde Roma acababa de imponer su autoridad, de manera que el movimiento quedaba bajo vigilancia. A esa red se añadían colonias pobladas por ciudadanos romanos, guarniciones capaces de responder ante una rebelión y repartos de tierras que premiaban a veteranos mientras modificaban la propiedad local.
El poder también recurría a censos, tributos y divisiones administrativas para saber cuántas personas habitaban cada zona, qué recursos producían y qué obligaciones debían cumplir. En muchos lugares, Roma conservaba a dirigentes locales dispuestos a colaborar, les concedía funciones públicas y premiaba su lealtad con derechos jurídicos o acceso gradual a la ciudadanía.
Estas medidas permitían controlar caminos, tierras, impuestos y autoridades sin mantener grandes ejércitos desplegados en cada territorio, aunque su aplicación variaba según la resistencia y el valor estratégico de cada región.
Un traslado forzoso cambió el destino de miles de ligures
Ese repertorio de control adquirió una forma mucho más dura cuando Roma decidió retirar de su territorio a los ligures apuanos. Tito Livio relató que unas 47.000 personas procedentes de los valles de la Magra y el Vara fueron llevadas al Samnio en dos operaciones desarrolladas durante 180 y 179 a.C.
