A contraluzLa sociedad se derrumba cuando la justicia está al servicio de facciones políticas.
Las sociedades no colapsan solo cuando fracasa la economía o cuando la violencia se desborda. También se derrumban cuando la justicia deja de ser independiente, se vuelve títere de facciones políticas y se utiliza para administrar venganzas. Cuando un sistema judicial deja de ser árbitro y se somete a los designios de las élites y de la partidocracia, la sociedad pierde uno de sus pilares fundamentales.
Mientras numerosos casos de corrupción están paralizados o los implicados salen absueltos, la justicia ha sido utilizada para atacar a fiscales anticorrupción, jueces independientes, periodistas, dirigentes indígenas y defensores de derechos humanos, quienes afrontan investigaciones penales, prisión o exilio. Es un patrón de criminalización que ha abonado en un mayor deterioro del Estado de derecho.
Uno de los casos más ilustrativos de esta sórdida realidad es el del exfiscal Stuardo Campo, quien dirigió investigaciones de alto impacto contra redes de corrupción, pero precisamente por ello fue capturado durante la gestión de la fiscal general Consuelo Porras. Ahora enfrenta tres procesos penales y permanece en prisión preventiva. Pese a que hace un año el Tribunal Décimo de Sentencia Penal lo absolvió del caso Alfa Siete por falta de pruebas, el pasado lunes la Sala Cuarta de Apelaciones Penal anuló la sentencia absolutoria y ordenó repetir el juicio.
